La Fiscalía Anticorrupción se ha negado a aportar a la investigación judicial el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) que dio origen a la investigación del pelotazo de las mascarillas que habrían dado los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, procesados por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid.

Este documento no es baladí: se trata del aviso que realizó Antiblanqueo tras ser avisado por las entidades bancarias de Luceño y Medina por las inusuales cantidades de dinero que habían recibido repentinamente. Es el documento que dio origen a la causa y que Más Madrid, personado en la causa como acusación particular, habría solicitado al juez Adolfo Carretero, que instruye la investigación.

El Ministerio Público ha declinado entregar el documento alegando el artículo 46.1 de la ley de prevención del blanqueo de capitales, señalando que no pueden incorporarse a procesos judiciales dado que son judiciales y no se deja ningún elemento probatorio sin aportar.

En el citado documento se hablaba de delitos de blanqueo de dinero y también de malversación de caudales públicos, lo cual solo se atribuye a autoridades o cargos públicos, lo que involucraría también a Consistorio.

Según informa El Diario, Anticorrupción mantuvo ese criterio hasta marzo de 2021, aunque tras la declaración de la directora de Presupuestos y encargada de las compras de material sanitario durante lo peor de la pandemia, Elena Collado, decidió que no existían indicios contra el Ayuntamiento.

Rechazan imputar al primo de Almeida

Por otro lado, el juez Carretero ha rechazado este lunes que el primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida, que habría facilitado el contacto del Ayuntamiento a Medina y Luceño sea imputado, como pedía Podemos, ya que no consta que hubiera presiones a Elena Collado en su condición de primo del alcalde. Así, apunta que debe ser llamado como testigo para declarar en la causa.