La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la directora y a la auxiliar encargada de una residencia de tercera edad de Pozuelo de Alarcón. A ambas se las imputan cuatro delitos de homicidio imprudente, cuatro de omisión de deber de socorro y un delito continuado de trato degradante tras fallecercuatro personas "como consecuencia directa de la situación que había provocado la inacción de la directora de la residencia".

El Ministerio Público asegura que el equipo sanitario trasladado durante los primeros días de pandemia encontró a residentes "abandonados" y bajo unas condiciones de higiene y atención "deplorables". La responsable habitual era una enfermera que estuvo de baja desde el inicio de la crisis, con siglas A.M.V.G. La responsabilidad la asumió la auxiliar J.R.P.G.

La residencia disponía de un servicio médico que se prestaba cada martes y jueves por un médico y una enfermera. El 20 de marzo el doctor causó baja por posible contagio de coronavirus, la enfermera se sumó por ser personal de riesgo y el centro se quedó sin equipo sanitario. La auxiliar encargada hubo de asumir el control "con pleno conocimiento de la titular de la residencia".

Al menos desde el 23 de marzo la residencia contaba con casos sospechosos de contagio. Sin embargo, y según recoge la denuncia, "en todo ese periodo no se informó a los responsables de la Consejería de Sanidad de ningún usuario con sintomatología". El 1 de abril se reportó la presencia de un paciente sospechoso, y ese mismo día el equipo de soporte en residencias constituido en el Hospital Universitario Puerta de Hierro acudió al centro y valoró a cinco usuarias, "todas las cuales presentaban clínica respiratoria, y al menos cuatro de ellas, desaturaciones importantes que no estaban siendo tratadas".

El 3 de abril el mismo equipo volvió a desplazarse al centro e informaron a la Unidad de Emergencias del Ejército (UME), que intervino tan solo un día después. Los militares comprobaron que no se estaba suministrando la oxigenoterapia y medicación pautadas en la visita anterior. Tras evaluar a siete residentes, se comprobó que ninguno de ellos estaba siendo objeto de tratamiento "a pesar de que todos presentaban también sintomatología respiratoria".

Intervención y evaluación de la UME

También constató la UME que la residencia estaba ubicada en un chalet sin ascensor y cuyas habitaciones eran dobles con baños compartidos, "con lo que no podían seguirse adecuadamente los protocolos de prevención del COVID". Advirtieron de una "clara" ausencia de higiene y limpieza, "reinando un gran desorden tanto en habitaciones como en espacios comunes".

El Ejército se dio cuenta de que en esa fecha había una "notable" ausencia de personal y que el que quedaba al cargo no estaba cualificado para hacer frente a la situación. "Más allá de ese mínimo control (…), el centro carecía de concentradores y balas de oxígeno, por lo que no se administraban tratamientos de oxigenoterapia, y varios usuarios manifestaron que ni tan siquiera les estaban dando su medicación habitual", añade la Fiscalía.

Ante la gravedad de la situación, se procedió a cerrar la residencia y se acordó la derivación de 22 usuarios para su valoración a diferentes centros hospitalarios. "El desorden era tal en la residencia –subraya la denuncia- que la mayoría de los usuarios fueron trasladados sin más ropa que la puesta y sin documentos de identificación ni historias clínicas".

Hasta la Policía Municipal reflejó que los enfermos se hallaban "abandonados en las habitaciones, sin asear ni recibir tratamientos crónicos". Con la intervención del equipo médico del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda algunos usuarios consiguieron remontar su cuadro clínico, pero otros cuatro no lograron superar la infección.

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