La familia de Déborah Fernández Cervera, cuyo cadáver apareció en una cuneta en O Rosal en 2002 rodeado de pistas falsas, ha lanzado un órdago a la Fiscalía: si no acepta que se cite a declarar como imputado al principal sospechoso de su muerte, que pida el archivo de la causa (y argumente los motivos) y se acabe el "paripé", ante la proximidad de la fecha de prescripción del delito, en abril del año que viene.
Así lo ha comunicado uno de los abogados de la familia, Ramón Amoedo, que ha relatado los obstáculos con los que han tenido que lidiar desde que lainvestigación judicial se reabrió en 2019, y que se suman a las presuntas negligencias que la familia ha denunciado desde el principio de la instrucción.
El letrado ha confirmado que el pasado 26 de noviembre ha vuelto a solicitar, una vez más, que se cite a declarar al principal sospechoso por la muerte de la joven, una persona "que no ha sido señalada por la familia", sino por su propia declaración, por las de otros testigos, o por los últimos atestados de los investigadores.
Al respecto, se ha vuelto a referir al atestado de 2010, el llamado 'informe Arkano', que ha sido recientemente ratificado en sede judicial y en el que el policía que lo instruyó expresa "con contundencia" sus sospechas, e incluso alude al perfil psicológico de esa persona. Según ha recordado, los investigadores han recogido por escrito su "absoluta convicción" de que esa persona "está implicada en la desaparición y muerte" de Déborah.
De hecho, ha cuestionado el abogado, "si no fuera sospechoso, ¿por qué la Policía ha inspeccionado su coche en 2021, un arcón congelador y cierta ropa de cama que fue de su propiedad?". "No quieren citarlo como testigo porque hay muchas pruebas contra él, pero tampoco como imputado porque se supone que las pruebas no son suficientes", ha afirmado.
Ramón Amoedo ha incidido en que, "si reabrieron el caso en 2019 para investigar, pues que investiguen, y si la Policía apunta a un sospechoso, que lo citen a declarar". "Si reabrieron el caso para lavar conciencias no lo han logrado, y si quieren cerrarlo el 30 de abril de 2022 por prescripción del delito, ciérrenlo ya. No vamos a permitir una segunda muerte de Déborah", ha sentenciado el abogado.
Denuncian irregularidades policiales y judiciales
La familia de Déborah y sus abogados han denunciado, especialmente tras la reapertura del procedimiento, las numerosas irregularidades y actuaciones tanto policiales como judiciales "inexplicables" o "sorprendentes", que han obstaculizado a su juicio la investigación de la muerte de la joven.
Por ejemplo, los primeros indicios recogidos en el informe encargado a una firma especializada (la misma que colaboró en la resolución del caso de Diana Quer), que analizó el ordenador personal de Déborah y que han arrojado un dato sorprendente: dicho ordenador "está manipulado con el fin de borrar su contenido".
Así, a falta de que el análisis esté concluido, todo parece indicar que alguien con conocimientos informáticos se encargó de manipular ese ordenador, en el que no queda rastro ni de correos electrónicos, ni descargas, ni historial de conexiones a internet o mensajes de Messenger. Se trata de un equipo que estuvo en la casa familiar de la víctima hasta 2006, cuando lo recogió la Policía, y permaneció bajo custodia policial hasta que se reabrió el caso y la jueza accedió a la petición de los abogados de encargar un análisis pericial (tras fracasar los intentos de los expertos de la Guardia Civil).
