El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el índice de precios de referenciadel alquiler, la medida estrella de la Ley de Vivienda para contener la escalada de precios. Por ahora Cataluña es la única comunidad autónoma que ha solicitado aplicarlo en más de un centenar de zonas tensionadas, que ahora quedan detalladas en una segunda resolución ministerial que también está ya publicada en el BOE.

Así, un total de 140 municipios catalanes quedan declarados zonas de mercado residencial tensionado. Entre las localidades para las que el Govern había solicitado la declaración de zona tensionada figuran, por ejemplo, Barcelona, Badalona, Girona, Lleida, Lloret de Mar, Mataró, Reus, Sabadell, Salou, Sant Cugat del Vallès, Sitges, Tarragona o Terrassa, entre muchas otras. En la siguiente tabla y mapa puedes buscar y consultar exactamente cuáles son:

En estos municipios ahora se podrá aplicar la horquilla de precios establecida por el Ministerio de Vivienda, cuyo valor superior marca el tope de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento con grandes propietarios y en todos los relativos a viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años. Este sistema de precios de referencia puede consultarse en https://serpavi.mivau.gob.es/. Puedes ver las zonas en este mapa:

Además, la resolución publicada ahora en el BOE detalla la definición de gran tenedor de vivienda en el caso de Cataluña: cualquier persona física o jurídica que posea cinco o más inmuebles de uso residencial en las zonas tensionadas. El periodo de vigencia de la declaración de zona tensionada será de tres años.

De acuerdo con Efe, Cataluña ha solicitado la aplicación del índice de precios de referencia del alquiler en zonas donde reside en total el 80,6% de la población catalana. En concreto, se trata de municipios del área metropolitana de Barcelona y las capitales de provincia o de comarca, donde viven 6,2 millones de personas.

Cómo funciona el índice

Las resoluciones publicadas ahora en el BOE tendrán efecto desde este sábado, aunque contra ellas se podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en dos meses. De esta forma, se pone en marcha el nuevo índice con el que el Gobierno busca abaratar los precios del alquiler en estas zonas, una medida clave de la Ley de Vivienda que entró en vigor en mayo del pasado año, y que hasta la fecha solo se ha comprometido a aplicar Cataluña.

Este mecanismo de control de precios del alquiler se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia basándose en los contratos que actualmente están vivos. En el caso de Euskadi y Navarra, con un régimen diferente, se va a trabajar para posibilitar el desarrollo de este índice, que estará lo antes posible.

Para que poder aplicarlo es necesario la declaración de zonas tensionadas, que tienen que ser solicitadas por las comunidades autónomas, que deben presentar a su vez otra serie de medidas para corregir los actuales desequilibrios. Aunque inicialmente la declaración de estas zonas será por un periodo de tres años, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, indicaba recientemente que podía prorrogarse este plazo si persisten los desequilibrios.

Este índice también es de aplicación a las viviendas que se introduzcan en el mercado y que no hayan sido alquiladas en los últimos cinco años. Por el contrario, cuando la vivienda ya esté arrendada en esa zona se referenciará al contrato anterior, aunque se podrán hacer algunos ajustes al alza. Cabe recordar que para los pequeños propietarios existe un tope en las actualizaciones de los contratos del 3%.

El índice, que recoge más de dos millones de datos de la Agencia Tributaria, atiende a la localización y superficie de la vivienda e incorpora características para determinar el rango final (superficie, estado de conservación, servicios que presenta, certificado energético, etc). Así, fija un rango superior y otro inferior.

De momento Cataluña ha sido la única región que lo ha pedido formalmente, aunque otras, según reconoció el número dos de Vivienda, han manifestado verbalmente esta posibilidad como Navarra, Asturias o País Vasco. Las comunidades gobernadas por el PP, que ha recurrido dicha ley, han insistido en que no la aplicarán.

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