No sólo no reciben ayuda de la farmacéutica que les arruinó su vida, sino que deben renunciar a denunciar. Con 10.000 afectados en todo el mundo y cerca de 3.000 en España, sólo diez españoles tienen concedidas ayudas de la fundación Contergan, creada por el gobierno alemán, porque son los únicos que guardaban frascos o recetas de cuando sus madres tomaron el medicamento.
Pero, para acceder a las ayudas, deben renunciar por escrito a emprender acciones legales contra la empresa Gruntenthal. "Es como si el Estado te pide que no demandes a una sociedad mercantil, está fuera de derecho y es inconstitucional", asegura uno de los afectados.
Son las únicas ayudas a las que pueden optar de momento los hijos de quienes en la década de los 50 y los 60 tomaron el fármaco en España, después de que el miércoles la Audiencia Provincial de Madrid anulara las indemnizaciones aprobadas hace un año en un juzgado.
Uno de los requisitos que piden para acceder a las ayudas es poseer el frasco del medicamento pero, tantos años después, nadie lo guarda. En el resto de países cuentan con indemnizaciones de hasta 7.000 euros mensuales. Estas ayudas corren por cuenta de instituciones creadas por sus gobiernos en colaboración con las empresas farmacéuticas.
En España, en cambio, no existe nada parecido. Los afectados ya han anunciado que han pedido una reunión con el fiscal general del Estado y que recurrían al Tribunal Supremo.