A España le está saliendo muy caro cumplir el protocolo de Kioto. Hemos pasado de emitir más de 50% de CO2 en 2007 a tan sólo un 22% más que en 1990, muy lejos del objetivo europeo.
Pero según la Agencia Europea de Medio Ambiente, no se han reducido realmente las emisiones. Cumplir cumplimos, pero no reduciendo, sino comprando derechos de emisión de CO2. Ese mecanismo flexible consiste en pagar por contaminar más.
Entre 2008 y 2012, la Unión Europea permitió a los Estados contaminar una cantidad fija de CO2. A cada sector se asignan unos derechos de emisión, pero la crisis ha hecho que las empresas contaminen menos de los previsto, así que muchas de ellas, han ganado dinero vendiendo sus derechos a las empresas que más contaminan.
Sectores como el transporte o los hogares, que no tenían asignación fija, sí que han aumentado sus emisiones de CO2 y para compensar esta contaminación el Gobierno ha gastado más de 800 millones comprando derechos en Europa del Este.
Por eso el Gobierno apoya proyecto de investigación como el láser Sigma que pemitirá en un futuro controlar los gases que emiten las empresas.
Adaptado a cada fábrica, un prototipo podría absorber millones de litros de CO2. El proyecto podría estar operativo en 2017, pero de momento, para muchas empresas, sale más barato pagar por contaminar, porque el derecho para emitir una tonelada de CO2 cuesta hoy por tan sólo tres euros.
La Unión Europea repartió derechos de emisión de CO2 gratuitos entre los países de la Unión Europea en función de los sectores productivos.
España reparte esos derechos entre las empresas, pero como en estos cuatro años, la actividad económica ha caído, muchas empresas han contaminado mucho menos de lo previsto y se han ganado millones vendiéndo los derechos de emisión de CO2 que le sobran a empresas que han contaminado más de los previsto en la Bolsa de Derechos de CO2.
Mientras, el Gobierno ha tenido que comprar más derechos para compensar las emisiones de los hogares, el transporte, que sí han subido en los últimos años.