A pocos metros de la playa de Majanicho, en Fuerteventura, en un entorno natural inigualable, se alzó Origo Mare. En diciembre, la Comisión Europea puso el ojo en esta urbanización y no precisamente por su belleza, sino porque vulnera la normativa de protección ambiental.
"España es el que mayor número de expedientes tiene abierto por precisamente incumplimientos ambientales de todo tipo", comenta Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace.
España cerró el 2017 con 30 expedientes medioambientales, casi el 10% de toda la Unión Europa. Otro de los problemas son las aguas residuales. En Andalucía, Ecologistas en Acción denuncia que el 37% de las depuradoras incumple la normativa.
La de San Jerónimo, en Sevilla, es una de ellas. Debería cerrar en 2019, pero los ecologistas señalan que no es la solución: "En las infraestructuras hay que hacer las inversiones necesarias para cumplir con la normativa. No eliminarla, porque el problema que existe de malos olores y mosquitos va a seguir existiendo", explica Antonio Amarillo, coordinador Área de agua de Ecologistas en Acción en Andalucía.
Los vertederos ilegales también están en el punto de mira. En 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acusó a España de incumplir sus obligaciones en 61. Desde el Gobierno aseguran que a día de hoy son 38.
"Los que dice Bruselas es que la gestión de los residuos no se realiza primando la protección de la salud humana y del medio ambiente", aclara Miguel González, experto en ordenación del territorio y riesgos.
Pero además de vertederos ilegales, existen puntos de depósitos incontrolados y es imposible saber cuántos hay. El medio ambiente sigue siendo una tarea pendiente en España.
