El primer móvil llega a los 11 años. Casi el 91% de los menores y adolescentes se conectan todos o casi todos los días, y el 98% está registrado en alguna red social. Son tres datos que explican la unidad para impulsar el que puede ser el pacto social definitivo para proteger a los menores y adolescentes de los riesgos de lo digital.

Liderado por la Asociación Europea para la Transición Digital y apoyado por la Agencia Española de Protección de Datos y la Fiscalía de Menores, el Pactocontempla 15 medidas para afrontar los riesgos del mal uso de las nuevas tecnologías. Para evitar sus principales riesgos: son productos diseñados para adultos, que pueden afectar a su socialización y que pueden potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual u otras formas de violencia contra la infancia y adolescencia que se trasladan del mundo físico al medio digital, incluso generándose formas de violencia especificas en el entorno digital.

Inicialmente el pacto lo apoyaron un puñado de entidades, como la Fundación ANAR, Save The Children, Unicef o Dale una Vuelta. Pero ya son cerca de 140 entidades las que lo respaldan.

Sonsoles Bartolomé, Directora Jurídica del Teléfono ANAR, dice que la medida más importante es reconocer que el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública. Y una vez reconocido el problema, desde ahí actuar.

Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save The Children, explica que el Pacto se basa en la educación, no en la prohibición. En "dotar a los niños de herramientas para saber defenderse en internet". Educación de los menores, de los adolescentes, pero también de los padres, a quienes se propondrá escuelas de formación de consumo responsable. También formación a profesores en educación mediática desde una perspectiva reflexiva y crítica, dotándolos de enfoques didácticos dirigidos a alumnos para fomentar el pensamiento crítico.

Pero es fundamental el compromiso que el Pacto quiere conseguir de la Industria. A la que entre otras cosas se le pide que verifique la edad de los menores, que adapte sus servicios a ellos y les explique los riesgos a los que se exponen. Tan solo falta el compromiso de representantes de todos los partidos políticos para liderar en la Unión Europa un paquete de medidas en el ámbito digital para la protección de los menores.