Unas 1.000 personas, según la Policía Local, han pedido que los monten vecinales, los que gestionan directamente los vecinos, sigan siendo públicos y que, la Xunta, no se los entregue por ejemplo, a empresas privadas.
El futuro plan forestal de Galicia, denuncian, tiene esta intención y, además, la Xunta es Juez y parte y ella decide que montes están abandonados para, posteriormente, poder entregárselos a empresas privadas durante un periodo de hasta 50 años.
Ahora mismo, en Galicia hay unas 2.900 comunidades de este tipo, el 25% del territorio, y dicen, este es un plato demasiado suculento por ejemplo, para empresas madereras o incluso, para construir urbanizaciones de casas.
También han criticado la intención de la Xunta en ampliar en hasta 55.000 hectáreas las plantaciones de eucaliptos, y que sean las propias comunidades las que tengan que costear las franjas de seguridad de estas plantaciones y los núcleos de población.
Frente a la defensa de los beneficios de los eucaliptos que hacen algunos colectivo, lo han descrito como plaga que precisamente incrementa este riesgo de incendio.
"Estamos aquí en defensa de un monte vivo. Rechazamos las políticas del Partido Popular que pretenden esquilmar nuestros recursos naturales. Pretenden hacerlo mediante el abandono forzoso de la población del medio rural", asegura el portavoz de la Organización Gallega de Comunidades de montes.

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