Entramos en dos
edificios de Punta Llisera de Benidorm, salimos al balcón y vemos como solo les
separan unos escasos metros del mar. Tienen 22 plantas cada uno y 168 apartamentos
que costaron entre 400.000 y 700.000 euros y que ahora tendrán que ser
demolidos por no respetar la Ley de Costas.
La denuncia partió de un
inquilino del edificio que está justo detrás, que cuando abre su ventana se
encuentra con las vistas a esos dos edificios.
Para entender la orden
del derribo hay que viajar al pasado, a 1998, cuando se concede la primera licencia:
en 2005 Camps da el visto bueno y comienzan las obras aunque ya se alertaba de
que infringía la ley.
En 2008 el Tribunal Superior
de Valencia falla a favor, el Estado recurre, y en 2012 el Supremo considera
nula la obra. Hace unos días ha ordenado finalmente la demolición.