Cerrada la central de Garoña, ahora surge una nueva preocupación entre los vecinos de la zona. "Aquí hemos tenido muchos años la central, pues ahora que se la lleven a otro sitio", demanda un vecino de la localidad. Esta opinión se adhiere a todas aquellas que dicen que "el problema más gordo de que cierre la central es que dejen los residuos".
La basura radiactiva que genere el desmantelamiento de la central seguirá en Garoña porque el cementerio nuclear de Villar de Cañas está paralizado. Se tendrá que construir uno temporal al lado de la central con capacidad para 6.000 toneladas. "Uno de los problemas que tenía el alargamiento de la vida de Garoña era que no había espacio para más residuos radiactivos; es decir, la piscina estaba saturada, prácticamente llena", explica Juan López de Uralde, coportavoz federal de EQUO.
El fin de la vieja central burgalesa costará como mínimo 300 millones y como máximo 600. Lo asumirá en su mayoría la empresa pública Enresa, que no terminará el desmantelamiento hasta 2037. "El desmantelamiento de una central puede durar entre ocho y quince años fácilmente. Lo que se pretende al final del proceso es que la radiactividad sea igual o menor que la ambiental", recuerda Manuel Lozano, catedrático de Física Atómica Nuclear de la Universidad de Sevilla.
Primero hay que evacuar el combustible ya utilizado, un uranio almacenado y enfriado en piscinas, que ahora hay que mover a unos bidones; luego llega lo más delicado: inundar el reactor e ir cortando los componentes radiactivos que se irán guardando en toneles rellenos de hormigón; por último, se desinfectará la central, se derribará y todos los residuos radiactivos extraídos se trasladarán a un cementerio nuclear.
Pero ¿de qué clase son estos residuos radiactivos? "Básicamente hay tres tipos: los de alta actividad, que son peligrosos durante miles de años, y los de media y baja", cuenta Paco Castejón, doctor en Física y portavoz de Ecologistas en Acción. PSOE y Podemos ya han pedido que se cierre todo el parque nuclear español, algo que, según el Gobierno, encarecería la factura de la luz un 25%.