El director comercial de la central de reservas del grupo hotelero que negó alojamiento a una quincena de jóvenes con síndrome de Down en mayo de 2013 en un establecimiento de El Toyo, en Almería, ha manifestado este martes en la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital que confundió la petición efectuada desde la asociación de personas con síndrome de Down Asalsido con otra entidad de "enfermos mentales" que, una semana antes, había provocado "situaciones de riesgo" en el hotel, si bien en cualquier caso ha afirmado estar "avergonzado" por la respuesta que gestionó.

"No estoy orgulloso de la contestación, me siento avergonzado de la misma", ha dicho G.G.Q., quien ha reconocido el correo electrónico en el que se confirmaba a Asalsido que en el hotel no se aceptaban a "grupos de discapacitados", por lo que ha reiterado sus "disculpas", toda vez que ha apuntado a un "error" al confundir a la asociación con la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

"Se admitían enfermos mentales, pero no de violencia extrema", ha añadido el investigado, quien a preguntas de la Fiscalía no ha podido determinar qué mecanismos se empleaban para determinar este aspecto. El director, para quien el Ministerio Público solicita dos años de inhabilitación especial, ha asegurado que desde el grupo hotelero se han aceptado otras reservas de grupos de personas con algún tipo de discapacidad intelectual y que "no era política de empresa" rechazar este tipo de reservas, toda vez que ha atribuido a un "error" la redacción del e-mail en el que negaba alojamiento a jóvenes con Down, por lo que su defensa ha alegado la ausencia de dolo en su acción.

Durante la vista oral también ha prestado declaración la supervisora de gestión, O.G.R., que carecía de competencias para tomar decisiones de calado en Cabo de Gata Plaza Suites, de forma que ella se encargaba de hacer de "canal" entre el hotel y los responsables de la cadena. En este sentido, ha indicado a las preguntas de las partes que ella no participó en la reserva de los grupos, dado que este servicio se encuentra centralizado en Castellón, y que se enteró de lo sucedido un día después de recibir una llamada de una responsable de Asalsido durante un turno en el que ella se ocupaba de la recepción.

Por su parte, la Fiscalía ha retirado la acusación contra la trabajadora de la empresa Welcome Incoming Services, V.T.S., después de que indicara que ella trasladó la información que había recibido como empresa a los clientes, con lo que el propio juez Javier Fermín Villarrubia ha indicado que su comportamiento fue "mecánico". Así, ha quedado absuelta en sala.

Durante la vista ha prestado declaración como testigo la presidenta de Asalsido, Josefina Soria, quien ha señalado que la asociación interesó una reserva desde la asociación. "No nos creíamos que no tarifaran para un grupo de personas sin más", ha apuntado la presidenta, quien ha señalado que fue la directora técnica de la entidad la que contactó directamente con el hotel para hablar con la responsable del establecimiento.

Soria ha reconocido que después de que se hiciera público lo ocurrido, acudieron a la asociación representantes del hotel para "decir que lo sentían mucho", que "no era lo que pretendían" y que "habían tenido problemas en otras ocasiones". En esta misma línea, ha apuntado que la cadena sí admitía grupos "en temporada baja". "Lo permitirían porque así podrían subsistir, no lo sé", ha añadido.

La acusación particular, ejercida por la Junta de Andalucía, ha mantenido la acusación contra G.G.Q. y O.G.R., a quien ha considerado "conocedora" de la situación y con competencias para determinar "la admisión en el centro hotelero" como "directora" del mismo, pese a lo que "no hizo nada para remediar esta situación".