Para seguir luchando contra la crisis sanitaria a la que se enfrenta nuestro país y por la que ya han fallecido más de 10.000 personas, el lunes entró en vigor un decreto-ley por el que se han suspendido todas las actividades económicas no esenciales, entre las que se encuentra la construcción, hasta el 11 de abril.
Después de dos semanas de confinamiento, las grúas han dejado de girar y las obras han cesado. Una medida que los sindicatos llevaban tiempo pidiendo: "Era la única forma de garantizar la salud de los compañeros y compañeras", expresa Daniel Barragán, secretario de acción sindical de Construcción y Servicios de CC.OO.
También el colectivo de arquitectos e ingenieros técnicos, representados por el CGATE, CSCAE y el CITOP, le habían solicitado al Gobierno el cese temporalde las obras para contribuir al "esfuerzo colectivo por detener la expansión del Covid-19 y garantizar las condiciones de seguridad y defensa de la salud de todos".
Solo el 11% de las obras eran urgentes
Hasta la entrada en vigor de las medidas urgentes tomadas por el Ejecutivo, solamente un 34% de las obras en marcha se habían paralizado en nuestro país, según una encuestarealizada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y analizada por GAD3.
En Navarra, por ejemplo, seguían activas el 100% de las obras, el 97% en Cantabria y el 87% en el País Vasco. Además, de todas las construcciones que continuaban en marcha solo el 11% eran de carácter urgente o de interés general. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, solo el 3% de las obras que se estaban ejecutando eran urgentes, según los datos que arroja la misma encuesta.
Acudir al puesto de trabajo suponía un riesgo para los trabajadores. Las condiciones de seguridad a pie de obra no podían asegurar su integridad: "Era casi imposible que las cuadrillas realizaran algunas de sus tareas a una distancia de más de metro y medio", asegura en un comunicado Alfredo Sanz, presidente del CGATE.
"Optaban por despedir, sobre todo, a los trabajadores temporales, que en el sector son muchos"
Además del riesgo para la salud, algunas empresas estaban viéndose obligadas a parar y "optaban por despedir, sobre todo, a los trabajadores temporales, que en el sector son muchos, y eso estaba resultando una situación complicada para mucha gente", asegura Barragán.
Desde que comenzó la crisis del coronavirus, 59.551 personas han perdido su empleo en el sector de la construcción, que ha experimentado uno de los mayores desplomes junto con el de la hostelería en este mes de marzo, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.
Es por eso que desde los sindicatos agradecen que se prohibieran los despidos antes de la publicación del real decreto: "Dentro de lo malo, no se está perdiendo más empleo", confiesa el secretario, que reconoce que están gestionando un número muy elevado de ERTE y permisos retribuidos, "y prevemos que vamos a tener muchos más", apunta.
345 millones de euros de pérdida al día
El cese de la actividad en la construcción afecta a 1,77 millones de trabajadores tanto de obras públicas como privadas, según cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
La patronal de la construcción estima en 345 millones de euros la pérdida por cada día de paro en un sector que representa el 10% de la economía nacional y genera una producción anual de 124.000 millones de euros, como explican en un comunicado.
Si bien es cierto que desde Seopan están de acuerdo con la paralización para contener el avance del Covid-19, se quejan de la falta de previsión para paralizar algunas obras de forma segura como, por ejemplo, la custodia de polvorines y pozos de achique en obras de túneles.
Además, critican el "giro de 180 grados" del Gobierno, que ha pasado de la flexibilidad a obligar a las empresas a asumir los salarios pese a no tener ingresos. Por este motivo piden "medidas urgentes de apoyo financiero".
¿Se avecina una nueva crisis económica?
Seopan cree que las medidas adoptadas son opuestas a las tomadas por otros países en situaciones similares y que conllevan el riesgo de "transformar la crisis de actividad en una crisis financiera", ante la posibilidad de impago de los compromisos ya adquiridos con las entidades financieras.
Desde CC.OO. creen que la prioridad es la salud, aunque son conscientes del problema económico que supone la situación: "Una vez que pase la crisis sanitaria, tendremos que hacer frente a todo lo que venga, a cuestiones económicas en las que todas las partes tendrán que hacer un súper esfuerzo", asegura Barragán.
Con la incertidumbre de qué pasará el 11 de abril cuando finalice el paro del sector, asegura el sindicalista que "se está haciendo lo único que se puede hacer. No es el marco ideal, pero mejora la situación de hace unas semanas, cuando las obras estaban abiertas y había un riesgo de contagio importante".
