La investigación empezó el verano del 2015, cuando la policía recibió la alerta sobre la posibilidad de que los propietarios de la residencia hicieran cargos económicos muy superiores a las cuotas fijadas a residentes con solvencia económica que no tenían familiares que se ocuparan del pago directamente.
Los investigadores analizaron los movimientos económicos de la sociedad limitada gestora del geriátrico y confirmaron la estafa, que en varios casos implicaba el cobro de cuotas 15 veces superior al importe real de los servicios.
La información final de las investigaciones permitió aumentar el número de víctimas hasta siete, con una cuantía mínima, fijada hasta el momento, de 41.000 euros estafados.
Por último, el 28 de diciembre la propietaria y a su primo, responsables de la sociedad administradora de la residencia geriátrica y, fueron detenidos y, bajo tutela del juzgado de instrucción competente, se realizaron las entradas domiciliarias necesarias para recabar las pruebas penales, en las localidades de Begues y Gavà.
No se descarta que tras del análisis exhaustivo de la documentación incautada, se incremente tanto el número de víctimas como la cantidad económica defraudada.
El juzgado instructor dejó en libertad con cargos a los detenidos, pero les ha retenido el pasaporte con la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial y les ha prohibido acercarse tanto a la residencia como a los ancianos perjudicados.
El Departamento de Bienestar Social de la Generalitat se ha hecho cargo de los residentes y los ha reubicado en otra residencia, en Gavà, después de que el geriátrico haya sido clausurado. La investigación se ha centrado en el ámbito económico y se descarta cualquier tipo de falta de atención o cuidado hacia los residentes.
