La Guardia Civil ha detenido a 16 empleados de empresas que operan el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por supuestamente robar efectos cuyo valor supera los 120.000 euros de los equipajes facturados por viajeros. Han recuperado los objetos, entre los que priman los bolsos, joyas, ropa y dispositivos electrónicos.

Además, otros 22 trabajadores han sido investigados por los agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras que opera en el aeropuerto en el marco de la operación Unión, llevada a cabo de la mano de Aena y las líneas aéreas, ha informado este miércoles la Comandancia de Madrid del instituto armado.

Según han señalado fuentes del cuerpo, aquellas personas arrestadas son quienes habrían cometido las sustracciones de más valor, mientras los investigados supuestamente llevaron a cabo robos más pequeños.

Los agentes han logrado recuperar artículos de diversa índole, desde una gran cantidad de bolsos y prendas de alta gama, a dispositivos electrónicos, como tabletas, relojes, móviles o auriculares inalámbricos. También se han encontrado varias cámaras de fotos, un violín, una biblia o dinero en metálico.

Cabe señalar que las víctimas de los robos cuyas pertenencias fueron devueltas, tampoco pertenecían al mismo vuelo ni tenían nada en común. Según informan las fuerzas de seguridad, la cámara pertenecía a un suboficial del ejército estadounidense, a quien localizaron en Puerto Rico, un reloj inteligente era propiedad de un directivo de una empresa; y el violín de un joven músico que tenía que dar un recital en Londres.

Una universitaria de Nueva York recuperó su teléfono de última generación, un hombre recibió su tableta dos años después de perderla, una señora recuperó sus joyas y un religioso nicaragüense hizo lo propio con una biblia repleta de fotografías y notas personales.

Asimismo fueron intervenidos gran cantidad de embutidos, jamón, quesos, latas de conservas y otros alimentos que han sido donados a comedores al no poder localizar a sus legítimos propietarios. Estos hechos, subraya la Guardia Civil, suponen para los pasajeros una pérdida patrimonial y sentimental, además de las molestias por los trámites para denunciar la sustracción en mitad de sus desplazamientos de ocio o negocios.