Además de la explotación sexual, en esta operación se están investigando otros posibles delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales. La organización captaba a las mujeres en países de Sudamérica, principalmente Venezuela, Paraguay y República Dominicana, y según explica la Policía, eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias, que también podían aumentar cuando algún cliente así lo requería, y con un mínimo de tres encuentros sexuales al día.
Una docena fueron detenidos en Cantabria, seis en Vizcaya, y el resto en Burgos, Palencia y Valladolid. Hubo seis registros y se han intervenido más de 1.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de drogas, armas blancas, un bate de béisbol y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria y dispositivos electrónicos.
Los dos clubes, de Bárcena de Cicero y Trápaga (Vizcaya), han sido clausurados por orden judicial, y aunque la operación sigue abierta la Policía da por desarticulada la estructura de la organización. La investigación comenzó gracias a la declaración de una mujer, testigo protegido, que logró escapar del control de la red, denunció los hechos sufridos y puso de manifiesto la existencia de una estructura dedicada a la trata de mujeres sudamericanas para la explotación sexual.
Durante la investigación, los agentes comprobaron que la red estaba dividida en dos organizaciones independientes que colaboraban estrechamente, ya que intercambiaban mujeres. Sin embargo, gradualmente fue aumentando la violencia entre ellas, hasta el punto de que en Cantabria hubo una fuerte reyerta entre sus miembros, con varios heridos de gravedad.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha informado en rueda de prensa de los detalles de esta operación, que se inició en julio de 2017, junto al jefe de Policía en esta región, Héctor Moreno, y otros responsables policiales que han intervenido en ella. Moreno ha destacado que se está intentando identificar a más mujeres víctimas que ya no estaban en los locales. El jefe superior y el delegado del Gobierno han pedido a quienes quieran denunciar trata o explotación sexual que se pongan en contacto con la Policía, en el teléfono 900105090 o el correo trata@policia.