La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Tarragona a la dueña de una protectora de animales acusada de ser responsable de la muerte de casi 500 animales.

El instituto armado ha informado este sábado en un comunicado de que a la mujer se le imputan los delitos de maltrato animal, falsificación de documentos e intrusismo profesional.

Durante más de una década, la mujer dio muerte a casi 500 animales de la protectora, ejerció funciones de veterinaria sin titulación y falsificó documentación.

Los agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Deprona) del parque natural del Delta de l'Ebre (Tarragona) iniciaron la investigación de este caso tras conocer que en dos establecimientos de una protectora de animales de la zona se realizaban prácticas ilegales.

La mujer, según la Guardia Civil, recogía los animales de la vía pública, sobre todo perros y gatos, para recibir una aportación económica de las administraciones públicas y entidades. Cuando el animal estaba enfermo o era difícil que lo adoptaran, lo sacrificaba.

Los datos recogidos revelan que el mayor número de sacrificios realizados por la mujer tuvo lugar entre los años 2013 y 2015, con una media de 95 muertes anuales. La detenida también falsificó recetas de veterinarios titulados, con las que compraba medicamentos en empresas distribuidoras de Barcelona y Zamora.

En septiembre, varios agentes inspeccionaron las instalaciones de la protectora y comprobaron que a los animales se les administraban vacunas, que se expedía recetas y que los tratamientos veterinarios los practicaban personas no tituladas.

La protectora funcionaba gracias a los convenios de colaboración que firmó con fundaciones y asociaciones para realizar adopciones y mantenerlos, entidades que llegaron a pagar entre 300 y 350 euros por adopción. También recibía dinero de las administraciones públicas por la recogida de los animales de la vía pública.

En el domicilio de la detenida y en la protectora se descubrió material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias en blanco, diferentes medicamentos, vacunas y una mesa quirúrgica para las operaciones.

Un veterinario titulado era el que le facilitaba los microchips y las cartillas sanitarias en blanco, sin que verificara posteriormente el uso que se hacía. Tras prestar declaración ante la Guardia Civil, la detenida fue puesta a disposición de los juzgados de Tortosa.