La mujer, una ciudadana
española de 42 años de siglas A.N.G., ha sido arrestada a raíz de la
investigación abierta por la Guardia Civil el pasado otoño, cuando varios
familiares del discapacitado acudieron al cuartel a denunciar su desaparición,
porque no sabían nada de él desde el año 2015.
"Durante ese
periodo de tiempo, se había extendido la creencia, que posteriormente se
demostraría falsa, de que el finado se encontraba residiendo con una antigua
novia en otra localidad de la isla", explica la Comandancia de Las Palmas,
en un comunicado.
Las pesquisas realizadas
por agentes de la Guardia Civil del cuartel de San Mateo (Gran Canaria)
permitieron hallar el cuerpo del desaparecido en su propio domicilio del
municipio de Santa Brígida, donde llevaba muerto los dos últimos años, conforme
han dictaminado los forenses.
Las "atípicas
circunstancias" de la muerte hicieron que, incluso, se barajara la
posibilidad de un posible homicidio, del que "por el momento" no se
han encontrado pruebas, precisa la Comandancia.
En cambio, la Guardia
Civil sí ha reunido pruebas para acusar a la antigua cuidadora del fallecido de
haber seguido haciendo compras por internet y pagando recibos con cargo a su
cuenta corriente, donde se seguía recibiendo cada mes el ingreso
correspondiente a su pensión de la Seguridad Social.
Los agentes han
descubierto que, por esa vía, la detenida se ha apoderado en los dos últimos
años de unos 20.000 euros del fallecido, mediante operaciones que solo cesaron
cuando ya se habían iniciado las investigaciones para dar con su paradero.
Otras cuatro personas
han sido imputadas en este expediente por posibles delitos de estafa y falsedad
documental, aunque "no se han obtenido indicios de que sospecharan que
esos cargos se realizaban contra la cuenta corriente de una persona ya
fallecida".
Durante la
investigación, el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria
decretó el secreto de las actuaciones, que ha sido levantado a raíz de la
puesta a disposición judicial de A.N.G, quien ha quedado en libertad con
la obligación de comparecer cada 15 días.