La mujer, una ciudadana española de 42 años de siglas A.N.G., ha sido arrestada a raíz de la investigación abierta por la Guardia Civil el pasado otoño, cuando varios familiares del discapacitado acudieron al cuartel a denunciar su desaparición, porque no sabían nada de él desde el año 2015.
"Durante ese periodo de tiempo, se había extendido la creencia, que posteriormente se demostraría falsa, de que el finado se encontraba residiendo con una antigua novia en otra localidad de la isla", explica la Comandancia de Las Palmas, en un comunicado.
Las pesquisas realizadas por agentes de la Guardia Civil del cuartel de San Mateo (Gran Canaria) permitieron hallar el cuerpo del desaparecido en su propio domicilio del municipio de Santa Brígida, donde llevaba muerto los dos últimos años, conforme han dictaminado los forenses.
Las "atípicas circunstancias" de la muerte hicieron que, incluso, se barajara la posibilidad de un posible homicidio, del que "por el momento" no se han encontrado pruebas, precisa la Comandancia.
En cambio, la Guardia Civil sí ha reunido pruebas para acusar a la antigua cuidadora del fallecido de haber seguido haciendo compras por internet y pagando recibos con cargo a su cuenta corriente, donde se seguía recibiendo cada mes el ingreso correspondiente a su pensión de la Seguridad Social.
Los agentes han descubierto que, por esa vía, la detenida se ha apoderado en los dos últimos años de unos 20.000 euros del fallecido, mediante operaciones que solo cesaron cuando ya se habían iniciado las investigaciones para dar con su paradero.
Otras cuatro personas han sido imputadas en este expediente por posibles delitos de estafa y falsedad documental, aunque "no se han obtenido indicios de que sospecharan que esos cargos se realizaban contra la cuenta corriente de una persona ya fallecida".
Durante la investigación, el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria decretó el secreto de las actuaciones, que ha sido levantado a raíz de la puesta a disposición judicial de A.N.G, quien ha quedado en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días.
