Los 'detectives anti-COVID-19' llegan a bares y restaurantes. Son detectives privados, contratados por los dueños de los establecimientos, que se hacen pasar por clientes para comprobar si se cumplen las medidas sanitarias frente al coronavirus: si los camareros llevan la mascarilla correctamente, si se respeta la distancia entre las mesas, el aforo...
En el vídeo que acompaña a esta noticia, puedes ver una simulación de una de sus investigaciones: a su llegada al local, piden mesa como un cliente más y la ocupan como cualquier otro comensal, pero, en realidad, están muy pendientes de todo lo que ocurre a su alrededor.
Ignacio Lucera es socio del Restaurante Finca Liana y contrató este servicio hace unos meses. "Siempre es bueno que alguien venga a auditarnos desde fuera con espíritu constructivo, no es un espíritu crítico ni de 'cazar a la gente' o de 'Gestapo'. Es un espíritu de qué podemos mejorar si es que hay algo que mejorar", explica.
Las pruebas se consiguen con una cámara oculta, permitida en el caso de los detectives privados. Toda la información recogida en la investigación se les entrega a los empresarios que les contratan. "Entregamos al cliente un informe en el que se anexa todo el reportaje videográfico, que tiene pleno carácter probatorio de cara a llegar a un procedimiento judicial", detalla Déborah Rodríguez, coordinadora de investigaciones en Vestigere.
A juicio de los restauradores, el 'cliente misterioso' adaptado al COVID-19 aporta un testeo de la calidad del servicio. En el caso del restaurante de Ignacio, descubrieron que tenían que hacer "un esfuerzo mayor en explicar las medidas", según indica él mismo. "Las teníamos implementadas, pero no gastábamos suficiente tiempo en explicar todas las medidas que teníamos, señalizar mejor...", enumera.
En definitiva, la investigación funciona como un 'chivato' y se convierte en los ojos del dueño o la dueña del establecimiento para que sepa qué ocurre en su local.
El servicio lo contratan sobre todo propietarios de tiendas, hoteles y restaurantes. "Normalmente lo que nos encontramos no es tanto incumplimiento, sino algún fallo en la ejecución de las medidas", apunta Rodríguez, que señala, por ejemplo, que "los empleados no notifican a los clientes cuando llegan al establecimiento que hagan uso del gel hidroalcohólico".
Tras detectar esas "fisuras", su labor es comunicárselas al empresario, ya que los incumplimientos pueden llegar a suponer sanciones de hasta 600.000 euros.