La investigación dedujo que, además, trabajaban en colaboración con una red establecimientos que les permitían realizar pagos en sus negocios con estos medios ilícitos a cambio de un tanto por ciento de los beneficios.
La operación permitió arrestar a otras 35 personas por eludir el pago de 300.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social utilizando un centro de contrataciones fraudulentasa que simulaba una actividad empresarial muy superior al volumen que realmente realizaba.
Las investigaciones comenzaron cuando una entidad bancaria comunicó un caso de posible fraude de falsificación de tarjetas de crédito.
A través de las primeras pesquisas, los agentes averiguaron que los implicados trabajaban de acuerdo con comercios de Cádiz, Sevilla, Málaga, Marbella, Córdoba y Madrid, que aceptaban los cargos a sabiendas de la falsificación de las tarjetas, previo acuerdo y a cambio de un porcentaje de beneficio económico a cambio de realizar la operación ilícita.
También comprobaron que alguno de los comercios llegó a utilizar hasta 50 datáfonos diferentes para "pasar" las tarjetas falsas.
Tras localizar los comercios, los investigadores identificaron a los diferentes miembros de la organización y comprobaron que la trama contaba con un proveedor, un falsificador, un intermediario y un pasador -encargado de usar las tarjetas en las empresas conniventes-.