Decenas de personas han intentado evitar el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66% de discapacidad, aunque finalmente este se ha producido y la joven ha tenido que ser trasladada en ambulancia al Hospital General de Guadalajara, debido a una crisis de ansiedad.
Fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han confirmado que el desahucio se ha producido este lunes cuando las fuerzas y cuerpos de Seguridad allí presentes han entrado "por la fuerza" a la vivienda y han ejecutado la orden judicial que pesaba sobre la misma.
El diputado de Podemos en las Cortes regionales David Llorente, que ha sido una de las personas que han estado junto a Safira en la vivienda para evitar del desahucio, ha criticado duramente la medida, ya que esta joven, que padece una cardiopatía por la que le han diagnosticado una discapacidad del 66%, no tiene otro alojamiento.
Llorente ha explicado que Safira llevaba varios años como okupa en una vivienda de protección oficial que estaba vacía y que la entidad bancaria propietaria del inmueble ha solicitado el desalojo de esta persona, que debido a la tensión de la situación y a su enfermedad ha tenido que ser trasladada al Hospital en ambulancia.
En este sentido, fuentes del Sescam han señalado que la mujer ya ha sido dada de alta. Llorente ha alertado de que la ejecución de este desahucio ha supuesto incumplir las medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) de Naciones Unidas.
Así, ha recordado que el DESC exigió la paralización del desahucio, pues además de la discapacidad que padece, se encuentra en una situación de "extrema vulnerabilidad", ya que sus ingresos se reducen a una pensión de 380 euros mensuales. Safira ya se había enfrentado, en los últimos meses, a otros dos intentos de desahucio, si bien en las anteriores ocasiones se pudo paralizar el proceso.
Por su parte, la madre de la joven, ha asegurado que, tras el desahucio, desconoce dónde va a pasar la noche su hija. "No sé si tendrá que dormir debajo de un puente y no sabemos qué vamos a hacer con todo esto que nos han dejado en la calle", ha lamentado.
De hecho, algunos enseres de la vivienda, como la nevera, un colchón, bolsas con diversos efectos e incluso algunos alimentos eran visibles en las zonas comunes de la comunidad de vecinos donde se ubica esta vivienda.
Por su parte, el director provincial de Bienestar Social en Guadalajara, José Luis Vega, ha matizado que el desalojo de esa vivienda no ha sido promovido por la Administración autonómica, sino que es fruto de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propietaria de la vivienda.
También ha indicado que, cuando la Junta tuvo constancia por parte del juez del proceso de desahucio, se puso en contacto con la afectada para ofrecerle una solución habitacional. "Ella quería una vivienda, pero actualmente existe un registro de más de 2.000 personas demandantes de vivienda en Guadalajara y la administración no puede saltarse arbitrariamente este listado porque sería una irregularidad", ha explicado Vega.
En este sentido, ha señalado que se le ofrecieron varias opciones, entre ellas una ayuda de emergencia social, que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; alojamiento temporal para situaciones de emergencia social o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, pero hasta la fecha la interesada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas.