La embarcación en la que científicos de la Universidad de Córdoba y otras instituciones estudian el ecosistema del estuario del Guadalquivir ha sido incendiada poco después de que la Guardia Civil emprendiera una operación contra la pesca ilegal de angula en la zona.
El catedrático de Biología Carlos Fernández sostiene que se trata de una "venganza" en respuesta a la operación 'Ave Fénix', con la que esta semana fueron desmanteladas 54 plataformas de pesca ilegal, una seria amenaza para la biodiversidad y para la seguridad de la navegación.
En esta operación, en la que participaron más de 120 agentes, la Guardia Civil con la colaboración de este científico que estudia los daños de la biodiversidad del Guadalquivir para explicar el impacto de la pesca ilegal de angulas. Según denuncia el catedrático, en respuesta "las mafias" tras esta pesca ilegal "han atacado a la parte más débil" al quemar durante la noche el barco en el que trabajan los investigadores.
Hace 10 años ya desapareció la lancha que alquilaban a un pescador de la zona para llevar a cabo su trabajo y, la madrugada de este miércoles, la que este mismo hombre compró para sustituirla ha amanecido totalmente calcinada. "A nosotros nos fastidian porque paralizan nuestro trabajo, pero el mayor daño se lo hacen a él", lamenta Fernández.
Según el investigador, los responsables sabían perfectamente dónde se guardaba el barco, en una zona apartada escogida así a propósito después de que la primera embarcación fuera atacada.
La pesca ilegal, una amenaza para el ecosistema
La pesca ilegal de angulas, que a pie de río se venden a 400 euros el kilo y pueden alcanzar precios aún más elevados si se hacen transacciones con las mafias, causa una gran destrucción en la vida de los ríos porque en ella se utilizan redes de un milímetro de luz de malla, en las que caen todas las especies que cohabitan con la angula.
Además, estas plataformas en algunas ocasiones se habían convertido en escondrijos para alijos de hachís por parte de las redes que utilizan el Guadalquivir para los desembarcos. En este sentido, suponían también un peligro para la navegación, sobre todo debido a las persecuciones entre las fuerzas de seguridad y las narcolanchas.
Precisamente, Carlos Fernández ha explicado que el grupo de investigadores tiene pensado pedir a la Administración que les ceda alguna de las embarcaciones incautadas a los narcotraficantes para poder sustituir el barco quemado y continuar así su trabajo de conservación del ecosistema.