La investigación judicial del 'caso Julen' quiere determinar en qué circunstancias y condiciones cayó el menor en el pozo del municipio malagueño de Totalán. La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente explica cuáles son las claves en las que se centra la investigación.

En cuanto a la caída de Julen se pueden barajar varias hipótesis; entre ellas, si se trata de un accidente con intervención de terceros, si se trata de un accidente con imprudencia de terceros o si se trata de un delito doloso.

En el caso de que no hubiera sido una imprudencia, o que Julen hubiera caído de forma accidental sin intervención de terceros, sí podría darse una infracción del cuidado del menor. La investigación judicial también se centra en el pozo, su construcción y su mantenimiento, así como en las características legales del mismo.

Es decir, el pozo al que ha caído Julen debería tener una licencia que avalara su construcción, así como reglamentaciones legales para su instalación y mantenimiento y un informe favorable de la cuenca hidrográfica correspondiente -en este caso, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía-.

Además, recuerda Beatriz de Vicente, el agujero de Totalán debe contar con una solicitud aprobada para la apertura de un pozo de prospección. En principio, no consta que el pozo cumpla con los requisitos legales que permiten su construcción y aprovechamiento, lo que podría incurrir en un delito que va desde la sanción económica a las penas de prisión.

En este sentido, la justicia investiga el papel del dueño de la finca y del responsable de la construcción del pozo, pues estarían cometiendo una infracción en cuanto al deber del cuidado. Además, la ley obliga a sellar el pozo adecuadamente, señalizarlo y vallarlo para evitar casos como el de Julen. En este caso, tan solo se puso una piedra para taponar el agujero.

Así, la investigación no solo tendrá en cuenta la caída del menor y la responsabilidad del responsable del pozo y del dueño de la finca donde se realizó el agujero. También, apunta De Vicente, se puede analizar el papel de los padres en el caso como garantes del cuidado del menor. Conforme avance la investigación y se depuren responsabilidades, los posibles implicados se podrían enfrentar a un delito de lesión por imprudencias o un delito de homicidio imprudente.