El Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe sobre la pederastia en la iglesia católica. Un documento que incluye el primer relato oficial sobre los abusos y que revela "el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de las víctimas".

El propio defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha sido el encargado de detallar las conclusiones de este trabajo, que pasa por entrevistas con casi 500 víctimas de estos abusos y por una pionera encuesta quecifra en unas 440.000 las víctimas de abusos en el seno de la iglesia.

Todo ello, recogido ahora en las 779 páginas del 'Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', viene a dar respuesta a "una necesidad social, ética y política expresada por la ciudadanía" y a lo que las víctimas vienen requiriendo, que es "ser escuchadas, atendidas y correspondidas".

La iniciativa de llevar a cabo un trabajo como este, ha recordado el expolítico, parte de los grupos que en casi su totalidad -a excepción de Vox- votaron en marzo de 2022 a favor de que se iniciara esta misión.

En la presentación de este informe, Gabilondo ha enfatizado que "es necesario dar respuesta a una situación de sufrimiento y soledad que se ha visto cubierta por un silencio de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo". Porque aunque reconoce que "no es cierto que todos lo sabían", deja claro también que "no es verdad que nadie lo sabía".

Y en este punto, Gabilondo ha lamentado la revictimización a la que se han tenido que enfrentar en muchas ocasiones las víctimas de estos abusos "a causa de la respuesta de la iglesia católica, la sociedad y la administración de justicia".

"Hubo voluntad de negar, ocultar y proteger a los abusadores"

Gabilondo ha destacado que durante muchos años, cuando las víctimas daban el paso de denunciar los abusos, se topaban con unas instituciones eclesiásticas que lejos de brindarles apoyo trataban de "negar, ocultar y proteger a los abusadores", una conducta que cree que ha "predominado". Como ejemplo, el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes.

Ha sido gracias a la presión de las víctimas y los medios de comunicación, y a una mayor conciencia social que estas prácticas, dice, han ido desapareciendo. También por la "voluntad de algunos obispados y congregaciones de asumir el problema".

Por eso, y a partir de este informe, Gabilondo ha expresado su deseo de que la iglesia católica "adopte compromisos públicos para que haya restauración", y cree que "hay algún indicio de que pueda ser así". Aunque no todos han colaborado: "No todos nos han contestado, algún obispo nos ha reñido por 'enredar' con esto", ha contado.

Pero no solo responsabiliza a la iglesia de dar una respuesta en muchos casos insuficiente. También ha destacado Gabilondo que de los pocos casos han llegado ser enjuiciados, en la mayoría han sido con sentencias condenatorias que "no siempre han garantizado que la víctima haya podido ver satisfecho su derecho a la reparación".

Tampoco el papel de los poderes públicos habría estado a la altura. El defensor del pueblo ha defendido que "cabe preguntarse si las instituciones competentes adoptaron todos sus medios a su alcance para proteger a los menores del abuso sexual en el sistema educativo".

"No pretende ser una última palabra, ni una solución definitiva o un punto final ante un daño tan grande. Solo aspira a contribuir a la toma de conciencia. Que los poderes públicos y la iglesia sepan que hay que dar una respuesta a las víctimas", ha insistido el defensor del pueblo sobre el informe.

Por lo pronto, la Conferencia Episcopal Española ha convocado una asamblea el próximo 30 de octubre para estudiar y valorar el informe del Defensor del Pueblo.

Creación de un fondo estatal y un acto público

El Defensor del Pueblo ha planteado algunas soluciones encaminadas a reparar el daño a las víctimas de estos delitos. Un acto público de reconocimiento y reparación de las víctimas y un fondo estatal específico para indemnizar a las víctimas son algunas de las recomendaciones que Gabilondo a planteado.

Eso sí, financiados con un dinerode la propia iglesia y con el Estado "velando por ese proceso para dar garantías de que se hace de modo objetivo, transparente y público".

También ha destacado que "la iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo o financiando tratamiento a las víctimas y familiares también de casos prescritos o de aquellos en los que la víctima ha fallecido y su familia requiere atención".

Además, Gabilondo ha remarcado que las diócesis y los institutos de vida consagrada "deberían permitir a los investigadores el acceso a la información contenida en los archivos y debería revisarse completamente y conservarse la documentación de los delitos más graves y del archivo del Tribunal Eclesiástico".

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