Algunos puntos controvertidos de la nueva ley de seguridad ciudadana se han ido atenunado en el trámite parlamentario. Sin embargo, mantiene la principal objeción, convierte en sanción administrativa lo que antes eran juicios.
No prohíbe las manifestaciones pero sí sanciona fuertemente. Decidir acampar de forma espontánea como sucedió en en la Puerta del Sol en 2011 es una falta muy grave por ser una reunión no comunicada se penará con una sanción de 30.000 y hasta 600.000 euros.
Miembros de Greenpeace se descuelgan de la central nuclear de Cofrentes y dejan una pintada. Al bajar la Guardia Civil los detiene e irán a juicio. Ahora es infracción muy grave por manifestarse en una infraestructura crítica. De 30.000 a 600.000 euros.
Desde que existe la Plataforma Antidesahucios se han paralizado más de 1.000 desalojos. Impedir el paso a la Policía es obstruir el ejercicio de sus funciones. Eso supondrá una infracción grave de 1.001 euros a 30.000. La ley de seguridad ciudadana incluye también la regulación velada de las devoluciones en caliente en la valla de Ceuta y Melilla.
Otro gasto más
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