Jordi se quitó la vida
lanzándose desde la ventana de su cuarto, un décimo piso. Minutos antes la
comitiva judicial acompañada de los Mossos d’Esquadra había llegado a su vivienda
para desahuciarle. "Cuando lo vi en el suelo
se me puso la piel de gallina y de todo", asegura una vecina.
Estaba profundamente
agobiado y acababa de pasar una depresión. A sus 45 años no tenía trabajo fijo
y llevaba más de 14 meses sin poder pagar el alquiler. Tenía una cuota de unos
350 euros mensuales.
Acudió varias veces al
Ayuntamiento de Cornellà para intentar pedir ayuda. Ellos consiguieron un
aplazamiento pero no para esta vez. Desde el consistorio se lamentan y dicen
que están estudiando un recurso contra la entidad propietaria de la vivienda.
El Ayuntamiento asegura que alertó hasta en tres ocasiones al juzgado de la "grave vulnerabilidad" que sufrían. La vivienda era propiedad del Banco Popular y del fondo Black Stone. Ellos sostienen que no tenían constancia de su situación, pero la plataforma de Stop Desahucios ha salido a la calle para pedir responsabilidades, para ellos la muerte de Jordi no es un suicidio, dicen que es un asesinato.