El caso de la violación de una niña de 8 años que se ha quedado embarazada tras la agresión ha estremecido a Panamá, que ha vuelto a clamar que se garantice el castigo a los violadores y se dote a la niñez de una educación sexual integral.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) han emitido sendos comunicados horas después de que la cadena local TVN difundiese el caso, considerado el embarazo más precoz registrado en el país según declaraciones de autoridades sanitarias citadas por ese medio.
De acuerdo con la información difundida por la cadena, la víctima es una niña de la etnia guna que fue llevada por un familiar, no identificado, a un centro de salud al notar cambios en su cuerpo. Según ha informado la Fiscalía, hay una persona detenida, acusada de un delito de violación sexual agravada.
Por su parte, la Senniaf ha explicado que, desde el 27 de diciembre, se ha asistido a la víctima "procediendo inmediatamente a retirarla del núcleo familiar donde se encontraba el agresor". La denuncia fue presentada ante instancias judiciales "por parte de un familiar a las 21 semanas de embarazo" de la niña. "Repudiamos profundamente el abuso sexual con consecuencia de embarazo de una niña de 8 años", ha dicho el organismo, que estuvo en el ojo del huracán el año pasado por un escándalo de abusos sexuales a menores en albergues que debía supervisar.
La psicóloga especialista en prevención de violencia hacia las mujeres, Eusebia Solís, ha advertido de que, aunque ahora la alarma haya saltado porque se ha producido el embarazo, seguramente "esa persona estaba abusando de la niña desde hace tiempo". Asimismo, se ha preguntado cómo es posible que la niña vaya a dar a luz si en Panamá la ley permite el aborto en casos de violación. "Llevamos a una niña a dar a luz a otra niña, a generarle un trauma para toda la vida, sumado al abuso sexual que seguramente se ha dado a lo largo de su corta edad".
La mayoría de las víctimas son niñas de entre 7 y 10 años de edad y, por lo general, los agresores son familiares o personas cercanas. Además, el embarazo adolescente "sigue aumentando", con especial incidencia en las comunidades indígenas: "en el caso de la comarca Ngäbe Buglé tiene una del 40 % de embarazo adolescente, la más alta" del país, ha explicado esta psicóloga.
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En Panamá "se le ha negado a la población joven, a la niñez y la adolescencia una educación integral en sexualidad, que tenga como objetivo prevenir este tipo de abuso" sexual y "tenemos adultos que considera cometer un abuso sexual con la certeza de que no le va a pasar nada": "Aquí hay que mandar un mensaje claro que a los niños y niñas no se violan, no se tocan y no se matan. Pero contundente".
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Carmen Jiménez Cifuentes, madre de la víctima, lidera una concentración frente al juzgado, instando a una profunda reflexión sobre el sistema judicial y la necesidad urgente de una reforma legal que garantice que "matar no puede salir tan barato".