Falta de personal y de
material, unas instalaciones que "no reúnen las mínimas condiciones"
de salubridad y ancianos que padecen úlceras. Estas son algunas de las
"negligencias" y las consecuencias del "total abandono" que
sufre la residencia de mayores de Salvaterra do Miño (Pontevedra), según la
denuncia que ha presentado la asociación Traballadores de Residencias de
Galicia (Trega) ante la Inspección de la Consellería de Política Social.
Este centro se encuentra
intervenido por la Xunta desde el pasado 29 de octubre y, de acuerdo con los
últimos datos de la Administración autonómica, el geriátrico cuenta con 95
casos de coronavirus -68 usuarios y 27 empleados- y varios fallecidos.
Estas circunstancias han
llevado a que Trega trasladase en los últimos días a Política Social un escrito
acompañado por varias fotografías que reflejan las deficiencias de la
residencia "tanto en instalaciones, equipamiento y material, como en
materia laboral".
En la denuncia dirigida
a la Secretaría Xeral Técnica y a la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade la asociación asegura que las dependencias del centro "no
reúnen las mínimas condiciones de mantenimiento ni salubridad, no ya para atender
a personas mayores, sino para cualquier tipo de alojamiento".
En lo que respecta a la
atención a usuarios, Trega explica que sus camas "no son clínicas" y
que no pueden elevarse, algo "fundamental" para aquellos que padecen
patologías respiratorias, como es el caso de la COVID-19, y para administrarles
los alimentos, ya que "pueden atragantarse y sufrir una broncoaspiración grave
con resultado de muerte". Esto lleva a que los empleados tengan "como
única opción colocar una almohada debajo".
Asimismo, los colchones
"no son viscoelásticos sino de muelles y están totalmente rotos y
sucios", mientras que tampoco hay ayudas técnicas como grúas para mover a
los ancianos o elevarlos para cambiarles el pañal.
Aunque a raíz de la
intervención por parte de la Xunta el geriátrico sí cuenta con grúas de
transferencia procedentes de un centro de Vigo, Trega afirma que su
coordinadora "presiona a todo el personal para que movilicen a todos los
usuarios manualmente". "Esta práctica puede provocar daños físicos,
alto riesgo de caídas y sobrecargas a las trabajadora", alerta el colectivo.
Las habitaciones también
tienen "deficiencias" de material y un "nulo
mantenimiento". De hecho, ni siquiera tienen palos de gotero para colgar
la medicación intravenosa, que tiene que colgarse "de las lámparas".
A esto se suma que los residentes "permanecen cerrados con llave en sus habitaciones", una práctica contraria a la normativa de servicios sociales. "Una residencia no es una cárcel. Aunque se debe cumplir un aislamiento (por la COVID-19), los usuarios deben tener la posibilidad de pedir ayuda si la precisan", asevera la asociación de trabajadores.
En lo referente a las
dependencias de la plantilla, Trega relata que "los platos de ducha están
rotos y oxidados y su uso implica un riesgo para la salud". "Además,
todo el vestuario está revuelto, las taquillas no tienen llave y están
permanentemente abiertas, hay ropa colgada fuera de ellas", continúa la
asociación en su escrito, en el que recuerda que el centro cuenta con decenas
de empleados contagiados de COVID-19.
En este sentido, Trega
reconoce que la Xunta envió refuerzos para la plantilla tras la intervención,
pero explica que se les habilitó el gimnasio como vestuario, un sitio que
emplean "como una especial de almacén para todo" -en la foto se aprecian
bolsas de basura- y en el que "no hay ni taquillas, ni aseos, ni
ducha".
Así las cosas, en vista
de que este geriátrico de Salvaterra cuenta con varias plazas subvencionadas,
la asociación ha solicitado la "actuación urgente" de la Consellería
para evaluar las condiciones de la residencia y que se adopten "las
medidas necesarias para preservar su salud, dignidad e integridad moral y
física".
Estos testimonios y su
publicación también han generado una reacción por parte de la asociación
Defensor del Paciente. Su presidenta, Carmen Flores, ha advertido que la del
centro de Salvaterra es una situación "que ningún ser humano merece y que
atenta contra los derechos fundamentales".
Por ello, el Defensor
del Paciente ya ha instado a la Fiscalía Superior de Galicia a efectuar una
"inmediata actuación e intervención", así como "que tenga
empatía y sensibilidad" con los mayores.