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Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó

Los detalles Un hombre acusado de estafa agravada aceptó dos años de prisión, suspendidos durante tres, y deberá devolver 63.000 euros a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada en Tacoronte que nunca entregó.

Fachada de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.Fachada de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.Agencia EFE

Un hombre acusado de un delito de estafa agravada ha aceptado una condena de dos años de prisión, suspendida durante tres, y la obligación de devolver casi 63.000 euros a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada en Tacoronte que nunca llegó a entregar.

El acusado se instaló en España con el propósito de promocionar una empresa con sede en Polonia, abriendo una sucursal en un centro comercial de Arona dedicada a la construcción de viviendas prefabricadas de bajo consumo energético, tal y como se publicitaba en redes sociales.

A través de esta vía contactó con un matrimonio interesado en adquirir una vivienda de estas características. Para convencerlos, el procesado ofreció información falsa sobre la solvencia de su empresa, que en realidad atravesaba graves dificultades económicas.

La sentencia de conformidad, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, recoge que los clientes contrataron la compra y construcción de la vivienda, incluyendo suministro e instalación.

El contrato se firmó en abril de 2022 y fijaba un precio de 125.500 euros, aunque no incluía el proyecto, la licencia municipal ni las tasas, que corrían a cargo de los compradores. El acuerdo establecía que los trabajos comenzarían una vez abonado el primer plazo, obtenidos los permisos y llegada la estructura desde Polonia. Antes de ese momento, los clientes entregaron dos pagos: uno de 30.000 euros y otro de 33.000.

Sin embargo, tras concluir la cimentación del terreno y ante la demora en la llegada de la estructura, los compradores iniciaron gestiones para aclarar la situación. El acusado no ofreció explicaciones y llegó incluso a regresar a su país.

La Audiencia considera probado que el procesado nunca tuvo intención de cumplir el contrato y que actuó con ánimo de enriquecimiento ilícito, apropiándose de las cantidades recibidas sin devolverlas ni entregar la vivienda.

En un inicio, la Fiscalía solicitaba una condena de cuatro años de cárcel, una multa de 1.800 euros y la devolución del dinero, además de valorar si los hechos podían calificarse también como apropiación indebida.