Este jueves llega al Pleno del Congreso para su votación el conjunto de recomendaciones para la reforma de las pensiones acordada por el Pacto de Toledo el pasado 27 de octubre. Con este acuerdo, la Cámara baja pone fin a un debate que empezó en 2016.

Tras su paso por el Congreso, el texto servirá de referencia para que el Ministerio elabore la reforma de las pensiones. El documento, que contó con el apoyo de todos los partidos excepto el voto en contra de Vox y la abstención de EC y Bildu, recoge 20 recomendaciones que se agrupan dentro de cuatro principales líneas de actuación.

Equilibrio de las cuentas y fuentes de financiación

El nuevo texto incluye una primera recomendación 'cero', a modo de definición de principios básicos, que aboga por la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, y se opone a cualquier transformación radical del sistema que rompa con los principios del actual.

A continuación, el Pacto establece su primer objetivo: la consolidación en la separación de fuentes de financiación y el restablecimiento del equilibrio financiero. En cuanto a la separación de fuentes, se buscará que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar las prestaciones contributivas.

Pero además, la recomendación primera reitera que la financiación de la Seguridad Social "ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones": las no contributivas y los servicios de carácter universal se financiarán a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

Con el objetivo de superar el déficit financiero de la Seguridad Social en 2023, el texto también pide que sea el Estado el que asuma gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social.

El Pacto de Toledo quiere recuperar también el fondo de reserva, del que se ha tirado en los últimos años para sufragar las pensiones, razón por la que ha quedado bajo mínimos. El texto establece que una vez recuperado el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, los excedentes de las cotizaciones deberán incorporarse al Fondo de Reserva.

Mantener el poder adquisitivo de las pensiones

La Comisión quiere mantener y garantizar mediante la ley el poder adquisitivo de los pensionistas. De esta forma, pretenden corregir el estado de incertidumbre existente en torno al futuro de las pensiones. Así, las pensiones se revalorizarán anualmente en base al IPC real.

Alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal

El Pacto ha propuesto para su reforma incluir incentivos que induzcan a los trabajadores a retrasar la edad de jubilación. El objetivo es que la edad efectiva de jubilación, que en este momento está en 64, años en España, se acerque a la edad legal de 65,8 años.

En este momento ya existen incentivos en el sistema actual para alargar voluntariamente la jubilación, pero según el ministerio "apenas se utilizan". La nueva reforma recomienda fomentar la permanencia de los trabajadores en activo mejorando los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes.

Por otro lado, la Comisión insta a tener cuenta también las situaciones de vulnerabilidad que esta "tendencia a la prolongación de la vida laboral puede generar en determinados colectivos".

Desarrollar los planes de pensiones de empresas

La recomendación 16 establece que se impulsarán los planes de pensiones de empleo sustentados en el marco de la negociación colectiva y con una gestión "más transparente". El documento precisa, no obstante, que estos planes tienen como objetivo complementar las pensiones públicas y nunca sustituirlas.

Además, entre las recomendaciones se mantiene la ampliación marcada por la reforma de 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión (hasta 25 años en 2022). Eso sí, con el objetivo de conseguir la equiparación entre mujeres y hombres en el cálculo de la pensión, apuesta por elegir los mejores años de cotización para corregir "lagunas" causada por las interrupciones en la carrera profesional.

La comisión del Pacto de Toledo es una de las comisiones permanentes y no legislativa del Congreso de los Diputados que se ocupa de hacer seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo aprobados en 1995, y de proponer recomendaciones para la mejora del sistema de pensiones.