Canarias sigue recibiendo migrantes a un alto ritmo en las últimas horas. Este domingo, casi 800 migrantes llegaron a las islas, una cifra que se eleva a más de 2.000 personas solo en la isla de El Hierro desde el pasado martes.
En el centro Las Raíces, el más grande de acogida de migrantes de Tenerife, cada persona cuenta con una dura historia a sus espaldas. Desde fuera se les ve haciendo cola, deambulando entre tiendas. Las personas que los asisten insisten en que las instalaciones están desbordadas.
La asociación Accem asegura que los dos centros que gestiona en Tenerife, con más de 2.600 plazas en total, están a 200 de llenarse, con uno de ellos completo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones niega saturación y defiende que hay recursos y plazas en centros donde derivarlos en islas y Península.
El Gobierno de El Hierro dice que están atendiendo a más de 200 menores, aunque solo tiene plaza para 50 de ellos. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha exigido a Pedro Sánchez "que dé la cara" en la crisis migratoria que padecen y afrontan las islas "en solitario" y ha exigido "la implicación y la responsabilidad" del Estado con los más de 3.000 menores tutelados en las islas y no solamente la solidaridad de otras comunidades autónomas.
"Ni una llamada, ni una muestra de apoyo" por parte del Gobierno de España, ha denunciado el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, que ha insistido en la reclamación para que se cree "un mando único" que gestione esta crisis, en la que actúan "seis ministerios de manera aislada y descoordinada", como "reinos de taifas", sin conseguir dar respuesta a esta crisis humanitaria.
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El Gobierno de Canarias ha acordado también reforzar el personal sanitario con tres médicos y tres auxiliares más en la isla de El Hierro, a donde han llegado más de 2.300 migrantes en cayucos en la última semana. El portavoz canario ha mostrado especialmente la preocupación por el elevado número de menores que tiene que atender la comunidad autónoma, más de 3.000, y ha acusado a la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, de no preocuparse por la situación.
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