Serán la secretaria cuarta de la Mesa del Parlament, Alba Vergés, y las diputadas Assumpta Escarp y Marta Ribas quienes actuarán durante el debate como representantes de la Cámara autonómica y defenderán la propuesta catalana ante la Cámara Baja.
El texto, que fue aprobado en julio, contó con el apoyo de Junts pel Sí, formada por la coalición que crearon en su momento ERC y el PDeCAT, el PSC, SíQueEsPot, ahora En Comú Podem, y la CUP. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.
El texto consta de un artículo único en el que se propone modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal para que queden exentos de responsabilidades los que "de manera indirecta o cooperando ayuden a morir de manera segura, pacífica y sin dolor" a una persona que lo pida de forma "expresa, libre e inequívoca".
Además, se indica que, el paciente deberá sufrir "una enfermedad terminal" o una "patología incurable" que le provoque un "sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente". Con esta nueva redacción, se modificaría el texto actual del Código Penal en el que se recoge que, quien induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años, mientras que aquel que coopere con esta actividad también será castigado con la prisión.
En este caso, con penas de hasta diez años, en el caso de que se ejecute la muerte. El Código Penal también recoge la posibilidad de que la eutanasia se aplique "por la petición expresa, seria e inequívoca" del paciente y que éste sufra "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".
En este caso, quien le ayudara a morir sería castigado "con la pena inferior en uno o dos grados" a las señaladas anteriormente. Para el Parlament, una sociedad democrática "debe velar porque los que son vulnerables o están debilitados no puedan ser manipulados ni utilizados para atender a los intereses de otras personas" y, por este motivo ven necesaria una ley "de disposición y soberanía sobre la propia vida que garantice la libre autonomía personal y, a su vez, la protección de los colectivos más vulnerables".
Por ello, piden, además, que se escuche a la opinión pública que, según señalan, "va muy por delante respecto de las decisiones políticas en esta cuestión". Así, la iniciativa destaca que "todas las encuestas" realizadas por esta materia "han dado una amplia y creciente mayoría a favor de que se permita la eutanasia y el suicidio asistido".
En este sentido, menciona un estudio realizado por 'The Economist' en quince países en junio de 2015, en la que se daba unos resultados para España de un 78% a favor de esta práctica, mientras que un 7% se mostraba en contra.
Este debate llega casi una semana después de que el PSOE haya presentado su propia Ley de Eutanasia, con la que, también, llama a despenalizar esta práctica. Se trata del segundo texto sobre esta materia cuya tramitación se debate en esta legislatura, ya que en marzo de 2017 se llevó a votación en el Pleno del Congreso un texto de Unidos Podemos.
El grupo confederal ha acusado a los socialistas de moverse por "razones electorales" al registrar esta ley, ya que el PSOE rechazó en dos ocasiones la iniciativa de Unidos Podemos. De hecho, los socialistas llegaron a presentar un texto relativo a la muerte digna en febrero del año pasado.
Un texto similar de Ciudadanos, sobre cuidados paliativos, sí ha contado con el visto bueno de la mayoría de la Cámara y, actualmente, se encuentra en fase de ponencia en el Congreso.
