María es una madre uruguaya que lleva desde el pasado
viernes atrincherada en el consulado de su país en Barcelona con su hija de
siete años. Allí debería haber dejado a la menor para que la recogiera su padre
tras una sentencia judicial que le daba la custodia. Es tan solo el último episodio de una larga
batalla judicial que involucra a dos países: Uruguay y España.
La historia comenzó cuando la madre denunció en Uruguay a su expareja por maltrato machista y abusos sexuales a su hija tras haber roto la relación con éste: en 2016 madre e hija viajaron a Uruguay para visitar a la familia y en ese trayecto la menor, que tenía entonces tres años, realizó unos dibujos de contenido sexual. María denunció al padre ya en ese país y se quedó a vivir allí.
Paralelamente el padre, residente en Vielha, en el Vall d'Aran
(Cataluña), la denunció por sustracción de menores por habérsela llevado a
Uruguay. En ese momento se inició una larga batalla judicial y la historia se convirtió
en un asunto de gran calado mediático en el país latinoamericano.
El litigo acabó resolviendo que la madre y la hija debían
volver a España, lo que se materializó en el verano de 2018, cuando María se
instaló en Castelldefels.
Tras archivarse en febrero de 2019 la denuncia de malos
tratos y abusos sexuales a la menor, un juez falló que el padre tendría la
guarda y custodia de la menor y acordó que María entregara a la pequeña en el
Consulado de Uruguay en Barcelona este viernes, lugar donde la recogería el
padre.
Ya el jueves el Ministerio de Exteriores del país
latinoamericano respondió en un comunicado que el papel que se le otorgaba no
era "conforme al Derecho Internacional", mencionando la inviolabilidad de los
locales consulares.
Tras esa advertencia llegó el viernes, día que la orden especificaba
que María debía dejar a la menor a las diez de la mañana en el Consulado custodiada
por los Mossos. Ellas llegaron acompañadas de su hermana, según informa 'El Periódico', y una vez dentro recibieron la esperada noticia: el cónsul les
informó de que no iba a cumplir el mandato judicial porque eso no estaba dentro
de sus competencias.
Además, les dijo que podían quedarse en el consulado, lugar donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden actuar. Al otro lado les esperan los Mossos d'Esquadra, que tienen orden de la jueza de llevarse a la niña. El Consulado ha negado que se haya producido un conflicto diplomático y ahora la jueza ha aplazado la fecha de entrega al próximo miércoles.
La juez, en su resolución notificada este lunes a las partes, acuerda instar al cuerpo de Mossos d'Esquadra para que sean ellos, acompañados de equipo de psicólogos del cuerpo policial, los que entreguen a la menor a su padre en el momento en que la madre, u otra persona en su representación, abandone el Consulado con la menor.
La sentencia asegura que María tiene una personalidad paranoide
El TSJC acordó dejar la custodia en manos del padre
siguiendo las recomendaciones de nueve profesionales independientes para el
"mejor desarrollo emocional de la menor".
La sentencia señala que en
el juicio los psicólogos describieron a la mujer como "alguien que
interfiere en el vínculo con el padre, con una práctica nociva" para su hija.
Y asegura que María tiene una personalidad paranoide y baja escala de
sinceridad.
En cambio apuntan que el
padre estaba angustiado por la situación y preparado para la práctica de la paternidad.
La Fundació Àmbit
Prevenció se ha mostrado crítica con la decisión judicial y acusa al juez de
basar su decisión en “el SAP (Síndrome de Alienación Parental), que según
explican es ”un recurso no reconocido por ninguna asociación profesional ni
científica”