Carlos García Juliá, condenado por participar en la matanza de Atocha cometida en Madrid en 1977, será extraditado el próximo jueves desde Brasil, donde se encuentra preso desde hace un año.
Su abogado, Daniel Mourad Majzoub, ha explicado que los detalles del traslado y los horarios del vuelo no serán divulgados por cuestiones de seguridad, aunque su llegada a España está prevista para el próximo viernes.
La extradición del ultraderechista español, antiguo militante del partido Fuerza Nueva, había sido autorizada por la Corte Suprema de Brasil en agosto de 2019 y tan solo dependía de que el Ejecutivo brasileño la confirmase, lo que ocurrió a comienzos de este año. A partir de ese momento, el plazo para la extradición de García Juliá era de 60 días.
García Juliá fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo en Madrid.
El ultraderechista, que cumplió 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado en 1980, se encontraba prófugo desde comienzos de los noventa y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad venezolana falsa y llegó a trabajar como conductor de Uber.
Antes de su detención en Brasil, el español, que tenía 24 años cuando perpetró la matanza, pasó dos décadas prófugo e inició un periplo de fugas por diversos países de Latinoamérica, entre ellos Paraguay y Bolivia.
Tras conocerse el paradero del condenado, la Audiencia Nacional de España requirió su extradición por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión. Garcia Juliá se encuentra detenido actualmente en la sede de la Policía Federal de Sao Paulo.
La matanza de Atocha
Carlos García Juliá, junto a Francisco Albaladejo, Jorge Fernández y Leocadio Jiménez, antiguos militantes de Falange Española y miembros de Fuerza Nueva constituyeron un grupo de ultraderechistas fascistas y totalitarios, disconformes con el cambio constitucional que estaba teniendo lugar en España.
Tal y como apunta la sentencia, de acuerdo con esos ideales y por enemistad con un sindicalista del transporte afiliado a CCOO, Joaquín Navarro Fernández, que intervenía en la huelga del transporte y que se asesoraba en el despacho de abogados laboralistas de Atocha 55, "decidieron tomar venganza y agredir física y violentamente al Sr. Navarro y a los abogados del referido despacho".
El 24 de enero de 1977, provistos de pistolas del calibre 9 mm parabellum, sobre las 22:30 horas, llamaron a la puerta del despacho y, cuando les abrieron, encañonaron a las personas que allí había, les condujeron a un salón, destruyeron los archivos y arrancaron los cables de teléfono.
"Cuando tuvieron a todas sus víctimas inermes y con los brazos en alto, dispararon de forma fría e inopinada", causando la muerte de los abogados Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Elías Rodríguez Leal. Además, causaron heridas a varias personas.