El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto la primera sanción a un propietario por cobrar una renta más alta de la permitida por la ley catalana de regulación de alquileres.
La multa, de 9.000 euros, llega un año después de la aprobación de la normativa y es fruto de la denuncia que los inquilinos del piso trasladaron al consistorio.
Se trata de tres compañeros de piso que empezaron a vivir en el inmueble en diciembre de 2020, cuando la ley de contención de arrendamientos ya estaba vigente, y meses más tarde comprobaron que el propietario de la vivienda había incrementado el precio del alquiler respecto al anterior contrato, una práctica prohibida por la ley, excepto en casos específicos y justificados.
La propiedad les cobraba 1.200 euros por el alquiler mientras que el anterior contrato era de 950 euros, según ha explicado el Sindicato de Inquilinos, al que están afiliados los arrendatarios.
"El Ayuntamiento nos dio la razón, pero nosotros seguíamos pagando un alquiler ilegal", ha criticado Ramon Casas, uno de los inquilinos. Por ello, exigieron al propietario que les bajara el alquiler al precio que marca la regulación, en este caso el del anterior contrato, tal y como avala la sanción administrativa del Ayuntamiento.
La respuesta que encontraron a cambio fue la de que si no les gustaba el precio actual podían marcharse. Ante esta situación, los inquilinos decidieron tomar medidas legales y han presentado una demanda contra la propiedad para que les devuelva las cantidades que les ha cobrado de más durante los últimos meses.
Además, desde agosto han reducido la renta que pagar hasta los 950 euros que establece la regulación. Desde el consistorio han confirmado que se trata de la primera sanción interpuesta a un propietario y han indicado que hay otro expediente incoado y distintos en estudio.
