El Gobierno municipal de PP y Ciudadanos ha anunciado que clausurarán la oficina de Derechos Humanos y Memoria al considerar que ésta "no ha servido a sus fines sino a ser correa de transmisión del sectarismo del gobierno de Carmena".
La oficina, puesta en marcha en 2017 durante el mandato de la exalcaldesa de Madrid, organizó numerosos actos, por ejemplo uno de reparación institucional del pueblo gitano, y se propuso eliminar de la capital cualquier vestigio franquista.
También velaba por por la aplicación del plan estratégico de Derechos Humanos pero el nuevo equipo de Gobierno explica que se opuso "a todo tipo de apoyo a los opositores demócratas de Venezuela acordado en el Pleno".
A su juicio "el anterior equipo de Gobierno ha hecho de la oficina un instrumento de discordia y confrontación en relación con la memoria histórica" y "solo ha reconocido a unas víctimas y no a todas".
Con la llegada de José Luis Martínez-Almeida se mostrará reconocimiento y su respeto a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos sin exclusión: "No miraremos el color político de los verdugos para hacer ese reconocimiento como ha hecho durante estos años el gobierno de Carmena".