A empujones y por la fuerza, amigos y familiares impidieron la entrada de la Policía en casa de Helena. No quieren que se lleven a sus hijos, de 7 y 9 años. Tenía que haberlos devuelto a su padre, pero no lo hizo y ahora se enfrenta a una acusación de secuestro y una multa de 5.000 euros.
"No acudí al punto de encuentro a entregar a mis hijos", reconoce Helena. Si Helena pone un pie en la calle, la Policía podría detenerla. Por eso se ha trincherado con los niños, en su casa del barrio de Salamanca en Madrid. Sabe que está incumpliendo un auto judicial, pero sólo pide que permitan a los niños terminar el año escolar.
"El niño hará la comunión en mayo. Solo pedimos que los dejen terminar el año en el colegio. Que se los lleven de forma menos traumática. El padre de los niños se quiere vengar de mi hija", confiesa la abuela de los menores.
Desde las asociaciones de padres separados, aseguran que situaciones como estas sólo perjudican a los hijos. Ellos se convierten en un trofeo por el que compiten sus progenitores. Desde hace dos días los niños no pisan la calle. Temen que el juez haya dictado una orden judicial y que la Policía irrumpa en su casa para llevárselos por la fuerza.
Otro gasto más
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