Una investigación a una red de chantaje sexual, que ha sido desarticulada, ha destapado la extorsión a centenares de personas que contrataban servicios de prostitución a través de una página web donde contactaban con mujeres prostituidas.

Esa página era en realidad una estratagema de una serie de proxenetas que extorsionaban a los consumidores de prostitución, víctimas de esta trama que ha dejado 28 detenciones. La Guardia Civil ha cifrado en centenares o miles de personas los afectados por esta red de chantaje y extorsión.

Su modus operandi era sencillo y lo hacían a través de Pasion.com, una página de contactos sexuales que utilizaban las víctimas. Ellas contrataban relaciones sexuales prepago con las mujeres prostituidas con un precio pactado de, por ejemplo, 150 euros.

Cuando esa relación acababa y los clientes se marchaban empezaba la extorsión: como contactaban con la página a través del teléfono móvil, los proxenetas le llamaban y les decían que el precio no eran 150 euros, sino 300 euros. Les obligaban a hacer un pago en una cuenta corriente, pero al cabo de unos días el precio no era de 300 euros, sino de 600. Al cabo de más días, de 3.000. El juez llega a apuntar en uno de sus autos que "a quien flaquea es a quién obligan a pagar más".

Las víctimas eran amenazadas con chantaje reputacional: algunos de los clientes estaban casados o tenían familias estables y eran coaccionadas a través de esta situación. En otras ocasiones también eran amenazados directamente. "En media hora quiero mi dinero o te pego dos tiros", así se dirigían a sus víctimas según las transcripciones telefónicas desveladas por el diario 'El País'.

La red utilizaba 'mulas' (terminología utilizada por la Guardia Civil) para cobrar a sus víctimas. Se trata de personas de un barrio muy concreto de Valencia, del mundo de la indigencia, que se prestaron a dar su nombre para que se abrieran las cuentas bancarias donde las víctimas depositaban el dinero.

Las denuncias por esta estafa se han multiplicado y la causa acumula la cantidad ingente de 24 tomos. El juzgado de Teruel que dirige la investigación ha pedido la inhibición aunque la Audiencia Nacional la ha negado.