La defensa del exfutbolista del Barça Dani Alves ha enviado un recurso a la Audiencia de Barcelona en el que destaca que los vídeos de la discoteca en la que se produjo la presunta agresión sexual por la que ha ingresado en prisión "desmienten de forma radical" la versión de la víctima porque no la muestran bajo un clima de "terror, pavor o dominación", con lo que su relato puede ser una "distorsión narrativa".

Así, en uno de los puntos, alega que el indicio de delito por el que se ha decretado prisión provisional para el futbolista presenta "elementos probatorios que no son tan evidentes, contundentes y devastadores como tendenciosamete apunta el Atestado".

Aluden en este caso a la visión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local en el que presuntamente se produjeron los hechos: "Durante 20 largos minutos se observa a un grupo de cinco personas departiendo de un modo lúdico".

Añade, además, que no fue Alves quien cerró la puerta del baño: "La denunciante descubre y expresa como vivido un clima de terror, pavor o microcosmos de dominación, escenario que las imágenes desmienten del modo más radical".

El recurso, redactado por el abogado Cristóbal Martell, argumenta que no existe el riesgo de fuga en que se basó la jueza para enviarlo a prisión sin fianza el pasado 20 de enero, dado que Alves acudió voluntariamente a declarar ante los Mossos y ya no dispone del "músculo económico de ingresos periódicos" que le atribuyó la instructora.

En el escrito, Alves se ofrece a entregar sus pasaportes brasileño y español, llevar una pulsera telemática, pagar la fianza que sea necesaria y comparecer, incluso diariamente, en el juzgado.

En ese sentido, recuerda que ha sido despedido del Pumas mexicano en el que jugaba y que, a raíz de su imputación por violación, le han rescindido varios contratos de patrocinio, publicidad e imagen que tenía suscritos con distintas marcas.

Violación grupal

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El 26 de abril de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, pero no por agresión sexual, lo que desató una oleadas de protestas populares.