Casi la mitad de inquilinos en España —el 48,9%— están en riesgo de exclusión y pobreza, según datos del Banco de España. Estamos a la cabeza de Europa y la causa está en los elevados costes del alquiler, que la nueva ley de vivienda quiere acotar. Esto se suma a los bajos salarios que hace que cada vez más familias tengan que utilizar más del 40% de su renta al pago de la vivienda.

Es el caso de Miriam Calles, que ve como al empezar el mes más del 50% d su sueldo desaparece. Paga 490 euros de alquiler y cobra un sueldo que como mucho llega a los 900 euros.

Su forma de funcionar en el día a día, cuenta a laSexta, es endeudarse utilizando una tarjeta de crédito. Y eso para los gastos del día a día, porque en el caso de que llegue un imprevisto, dice, no puede afrontarlo.

La situación de Miriam es como la de casi la mitad de los españoles que viven de alquiler. El economista Alejandro Inurrieta explica que "los salarios siguen siendo bajos respecto a los gastos que tenemos que acometer". En este contexto, se ha demostrado que vivienda es uno de los espacios más punitivos, "que más parte de los salarios se quedan", indica.

Esa es la explicación del Banco de España: los precios de la vivienda suben a un ritmo diferente al de los salarios, si es que estos lo hacen. Gema Gallardo Pérez, directora general de la organización Provivienda pone los datos: "En todas las Comunidades Autónomas todas las personas destinan más de un 30% al pago de la vivienda y en algunas comunidades como la de Madrid, Cataluña o Baleares es el 60%". Solo vivienda. A esto luego hay que incluir suministros, facturas…

Y esa es otra de las claves: el 40% de las personas que viven de alquiler en España destinan más de un 40% de sus ingresos a pagar un techo: "Cuando no se respeta la recomendación de máximo un 30% de ingresos a vivienda es esa situación lo que te hace vulnerable. Cualquier emergencia mensual te lleva a situación de impago", denuncia Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

En el mismo informe, el Banco de España aplaude el objetivo de aumentar la oferta de piso pero critica algunos aspectos de la nueva ley como el control de los precios.