Las plataformas de alquiler vacacional se defienden, niegan que estén haciendo algo ilegal. El propietario publicita su piso en la plataforma y el inquilino realiza el alquiler a través de ella. La plataforma se limita, dicen, a la intermediación y a cobrar gastos de gestión.
"Lo único que hacen es poner en contacto, en este caso al consumidor con el ofertante y su responsabilidad es totalmente nula", comenta Luis de la Vega, abogado de derecho administrativo Legálitas.
En la práctica, casos como el del piso de Montse en Barcelona han reabierto el debate sobre el fraude del realquiler turístico. "Está llamando gente que a ellos también les ha alquilado el piso", afirma Montse.
Ella descubrió que su inquilino había vuelto a alquilar su vivienda a través de Airbnb. "Cuando hay otro tipo de prestación como es decir el pago, la contratación o la reserva, el usuario debe arremeter en este caso contra la plataforma", dice Luis de la Vega.
El ayuntamiento de Barcelona ya ha abierto expediente al arrendatario. Ada Colau ha recordado que ya multó hace siete meses a Airbnb con 600.000 euros y que seguirá multando tantas veces como haga falta.
La plataforma ha dicho que va a colaborar en la investigación y, en un comunicado, ha pedido a sus usuarios que sigan las normativas locales.
Porque cada comunidad tiene su propia legislación sobre las viviendas turísticas. Cataluña y Valencia han sido de las primeras en imponer fuertes sanciones a estas webs.
Baleares prepara también una ley para poner coto a la impunidad de estas plataformas: Los usuarios se enfrentarán a multas que podrían ascender a los 40.000 euros.