El final de una protesta
que ha empezado a las once de la mañana y ha acabado por la tarde. Unos 25 activistas de la
PAH y familias de antiguas viviendas del Ivima han salido de la sede de Goldman
Sachs en Madrid en la que se han encerrado con una reivindicación.
Son afectados por un
procedimiento, el más cruel de desalojo en unas viviendas que son en un suelo
público, se refieren a las 3.000
viviendas públicas que el Gobierno de Ignacio González vendió en 2013 al banco.
Una venta que ha
provocado que los alquileres de estas viviendas se multipliquen por cuatro. Es
el caso de Ivan y Verónica, que biven con sus cuatro hijos en un piso de 55 metros
cuadrados en Parla. Él está en paro y ella recibe una renta de 550 euros.
Con casos como este, los
activistas han entrado en la sede del banco para intentar negociar la
paralización de los desahucios. A pesar de la seguridad, han logrado llegar a
las oficinas pero no les han querido recibir.
Así que unos han optado
por quedarse en el vestíbulo por si alguien les escuchaba y otros han estado más
relajados. La comunidad de Madrid
se ha desmarcado de esta venta. Asegura que mientras Cristina Cifuentes sea
presidenta, no se venderá ni una vivienda pública a ningún fondo de inversión.