La Audiencia Provincial de Ceuta archiva definitivamente la causa que se abrió contra 16 guardias civiles por el naufragio de una embarcación en el que murieron 15 migrantes en la playa de El Tarajal, en Ceuta. Los magistrados consideran que las actuaciones de los guardias se ajustaron al protocolo.

La Audiencia, rechaza así en un escrito al que ha tenido acceso laSexta los recursos presentados por las acusaciones populares, varias ONG, y confirma el archivo de la causa que dictó el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta el pasado octubre.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2014 cuando un grupo de unas 200 personas trataron de llegar a España desde Marruecos cruzando a nado. La Guardia Civil actuó usando pelotas de goma para tratar de impedir la entrada de los migrantes. Quince fallecieron en el agua ahogados y los 23 que lograron llegar a territorio español fueron devueltos a Marruecos en el acto.

Por estos hechos, varias ONG acusan a 16 guardias civiles de posibles delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y de denegación de auxilio.

Un caso reabierto en 2019

La investigación se cerró en 2015, pero la sala de apelaciones de la Audiencia de Ceuta la reabrió en 2019.

Ahora, según la resolución a la que ha tenido acceso laSexta, el archivo se confirma "no hay prueba indiciaria que contradiga la afirmación de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones".

Los magistrados entienden que los agentes actuaron como indica el protocolo, y que la tragedia tiene más que ver con el riesgo de la propia acción que estaban llevando a cabo los migrantes.

También exculpan a los agentes de negarles el auxilio. "Efectivamente, los guardia civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores [...] porque tampoco existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro", señalan en su escrito.

La acusación popular considera que los argumentos del tribunal son disparatados, por lo que las ONG denunciantes valoran ahora presentar un recurso de casación.