La Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado este jueves su memoria anual de actividad relativa a 2022 en la que refleja que medio centenar de mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas el pasado año, mientras que otras 35 víctimas sufrieron un intento no consumado de feminicidio, lo que supone un incremento del 66% con respecto a 2021.

El documento destaca que el 44% de las mujeres asesinadas en 2022 había denunciado previamente a sus parejas por violencia machista, un "incremento importantísimo" respecto a los años anteriores.

En el análisis del Ministerio Público, que analiza en su memoria anual las estadísticas relativas a la violencia machista en el ámbito de la pareja y dedica especial atención a los feminicidios e intentos de asesinato, se habla de 50 feminicidios el pasado año, uno más de los contabilizados en la estadística oficial de Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como de 43 hechos graves. Entre éstos figuran otras 35 tentativas frustradas de acabar con la vida de las víctimas.

Once de esas 35 víctimas habían denunciado previamente a los presuntos agresores, un 31,4%. Esos intentos de asesinato, que no suelen visibilizarse en las estadísticas, se perpetraron en Andalucía (10), Cataluña (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), Valencia (2) y Baleares, Navarra, La Rioja y Castilla y León (uno en cada uno de estos últimos territorios).

En la memoria, la Fiscalía contabiliza los "feminicidios ampliados", que son aquellos asesinatos vicarios de hijos e hijas o personas del entorno íntimo de la mujer cuando son asesinados junto a ella o para hacerle el mayor daño posible. En 2022 se perpetraron siete feminicidios ampliados y hubo tres intentos no consumados. Fueron asesinados tres hijos e hijas, un bebé gestante a punto de nacer, dos amigos y una madre de las víctimas.

Mayor vulnerabilidad

El Ministerio Público incide en que la edad (jóvenes o ancianas), la discapacidad, vivir en el entorno rural o ser extranjera son factores que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas de violencia machista. Este año, dedica un apartado especial de la memoria a las víctimas extranjeras, que fueron el 28% de las mujeres asesinadas en 2022, el 34% de las que denunciaron violencia de género y el 33% de quienes solicitaron órdenes de protección, "datos de los que con claridad se infiere una sobreexposición de las mujeres extranjeras a la violencia de género y una especial vulnerabilidad".

Son causas de esa vulnerabilidad la carencia de redes de apoyo, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de la legislación, variables socioestructurales y, "sin duda", la irregularidad administrativa en España y la dependencia económica del agresor. La Fiscalía también califica de "muy preocupante" la incidencia de la violencia de género en el ámbito rural (el 30% de los asesinatos de mujeres se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes), donde el "enraizamiento de la cultura patriarcal" determina un mayor grado de normalización y dificulta la percepción y el reconocimiento de las conductas violentas y la denuncia.

La escasez de recursos y la dificultad para acceder a ellos por las distancias y deficiencias estructurales, la ausencia de anonimato, el miedo de las víctimas al estigma y a ser señaladas o culpabilizadas y el aislamiento son factores que también dificultan que puedan salir de la violencia y recuperar su vida. La FGE pide que se adopten cuantas medidas sean necesarias para que las desventajas derivadas de la dispersión geográfica no repercutan negativamente en las víctimas.

Desigual respuesta a las víctimas

La desigualdad entre territorios vuelve a ser objeto de denuncia en la memoria anual del Ministerio Público, que critica que esta realidad se haya cronificado. Vuelven a observarse diferencias en las órdenes de protección adoptadas, la existencia y dotación de las unidades de valoración forense y las oficinas de atención a las víctimas.

Mientras que las órdenes de protección adoptadas ascienden en Aragón y La Rioja al 84%; en la Comunitat Valenciana, al 83% y en Baleares, al 80%; en Madrid se quedan en el 46% y en Cataluña en el 47%. Ante esta realidad, la Fiscalía pide un estudio cualitativo y cuantitativo que explique esta desigualdad

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