Apenas unos minutos después de una de la tarde, uno de los trenes del Metro de Valencia descarrilaba con 200 personas en su interior. Se acababa de producir el mayor accidente de metro de la historia de España: 43 personas murieron y otras 47 resultaron heridas. Enseguida el Gobierno Valenciano oficializó una premisa: que el accidente se debió al exceso de velocidad por culpa del maquinista.
La mayoría absoluta del PP en el Gobierno Valenciano en 2006 liquidó la comisión de investigación en tan solo cuatro días y condenó al olvido una tragedia llena de interrogantes. Los familiares de las víctimas nunca aceptaron la versión oficial. En 2013, el programa Salvados de Jordi Évole reveló que Ferrocarrils de la Generalitat preparó las declaraciones de aquella comisión.
Los afectados apuntaron a Juan Cotino, entonces conseller de Agricultura, como la persona que habría querido dirigir sus testimonios. Cotino, evitó responder a estas acusaciones. Días después miles de valencianos se manifestaron exigiendo reabrir el caso, una petición que llegó con el cambio de gobierno regional.
Todos los partidos de las Cortes Valencianas, salvo el PP, aprobaron la creación de una nueva comisión. Siete meses de trabajo concluyen que el accidente se originó por deficiencias en la seguridad y responsabiliza políticamente al exconseller Cotino y al expresidente Francisco Camps.
Ahora la investigación judicial está abierta y La Generalitat aprobará en los próximos meses la Ley de Seguridad Ferroviaria para la prevención de los siniestros. Diez años de oscuridad, los familiares empiezan a encontrar respuestas.