Pedro Sánchez ha conseguido salvar el primer gran obstáculo de su legislatura, más allá de la pandemia: atar los apoyos suficientes para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado propios y dejar atrás los de Cristóbal Montoro, los más longevos de la historia de la democracia, tras dos prórrogas. Con esto, al presidente del Gobierno le quedan las manos libres para que la legislatura termine en 2023.
Los Presupuestos de Montero llegan con una mayoría superior a la que concitaron las Cuentas de Montoro: 188, frente a los 176 que consiguió Mariano Rajoy apenas una semana antes de que lo desalojaran con la moción de censura.
Pero no es el único hito que consigue Sánchez con la ley de Presupuestos: también amplía considerablemente la mayoría del llamado 'bloque de investidura' que lo revalidó en La Moncloa a principios de año. La agónica investidura salió adelante en segunda votación con 167 votos a favor, frente a 165 en contra, con 18 abstenciones.
Casi un año después, Pedro Sánchez se ha atraído a 22 diputados más e incluso ha flirteado con Ciudadanos, que le dio estabilidad en las últimas prórrogas del estado de alarma, pero que se descolgó de las Cuentas.
Entre medias, una pandemia que ha descalabrado la economía española, con una caída del 12% del PIB, y unos históricos acuerdos europeos con 140.000 millones en ayudas para España. de estos fondos, 27.000 millones ya están presupuestados en las Cuentas de 2021.
Las negociaciones de Hacienda han conseguido sumar a los escaños que sostienen el Gobierno, 155, los votos necesarios para aprobar sobradamente el Presupuesto.
Impuestos
Entre medias, el PNV consiguió que las Cuentas no subieran el impuesto al diésel, un tributo por el que el Gobierno esperaba ingresar 450 millones de euros adicionales el año que viene.
Además, el Gobierno se comprometió con ERC a revisar la tributación autonómica con dos objetivos: armonizar los tributos cedidos a las autonomías y, en concreto, acabar con el "dumping fiscal" que hace Madrid bonificando al 100% el impuesto a las grandes fortunas.
El Ejecutivo de Sánchez ya contemplaba aumentar el tipo del impuesto de patrimonio en un punto porcentual, del 2,5% al 3,5%, aunque las Comunidades puedan modularlo hasta prácticamente eximir de su cobro.
Asimismo, el Gobierno plantea una subida de tres puntos en el IRPF para las rentas del capital de más de 200.000 euros y de dos puntos en aquellas rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Esta subida apenas afectaría a 36.194 contribuyentes y tendría un impacto de 491,4 millones de euros.
El Ejecutivo también contempla limitar las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades fiscales, dentro del Impuesto de Sociedades.
Otra medida polémica fue el aumento del IVA a las bebidas azucaradas del 10% actual al 21%, con el objetivo de conseguir hábitos saludables, no medidas recaudatorias. Esta medida tendría un impacto de 400 millones de euros.
Las inversiones negociadas
Hasta ahora, la tramitación parlamentaria ha 'congelado' el sueldo del Gobierno y repartido una serie de inversiones territoriales en virtud de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con sus socios, particularmente en el País Vasco y Navarra, auspiciados por PNV y Bildu, y Cataluña (ERC), pero también en Madrid (Más País), Cantabria (PRC), Canarias (NC) y Aragón (Teruel Existe)
Entre las inversiones más destacadas comprometidas hasta ahora se encuentran los 100 millones de inversión real para el AVE en Barcelona, 50 millones para un plan Renove para la industria de la máquina herramienta, y un plan contra la pobreza en Canarias por valor de 30 millones de euros.
También se han reservado 10 millones para I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico, hay dos nuevas partidas dirigidas a la crisis migratoria (2,5 millones adicionales a Salvamento Marítimo y 4 millones para proyectos humanitarios), la financiación de un proyecto piloto para una planta de recuperación de residuos y un estudio para encontrar alternativas de bajas emisiones a los vuelos peninsulares.
En el articulado del proyecto, el Gobierno también ha pactado ampliar los supuestos de contratación para personal investigador, incentivos a la participación empresarial en centros tecnológicos y a la producción de energía eólica marina con instalaciones en los puertos, la venta de los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián, y facilidades para la contratación de docentes en universidades no presenciales no enteramente públicas.
Europa aprueba las cuentas
La Comisión Europea también ha dado luz verde a los presupuestos. Tras evaluar el borrador de los PGE para 2021, considera en un informe publicado recientemente que las cuentas están "en línea" con sus recomendaciones, pero pide prestar atención a los niveles de deuda.
"Dado el nivel de la deuda de España y los desafíos de alta sostenibilidad en el medio término antes del brote de la pandemia de COVID-19, es importante que España se asegure de la sostenibilidad fiscal a medio plazo cuando tome medidas presupuestarias de apoyo", dice el informe de la Comisión.