La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado a la Comisión Europea a "reconsiderar" la propuesta de clasificar como "verde" la inversión en ciertos proyectos de energía nuclear o de gas natural.
"Europa todavía tiene la oportunidad de reconsiderar esta decisión para evitar alejarse de la evidencia científica y la demanda social", ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno de España en su perfil de Twitter, donde ha apelado a "la responsabilidad política de perseguir un Green Deal transformador y ambicioso para la ciudadanía europea".
Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha criticado el borrador de propuesta de la Comisión Europea que plantea dar la calificación de "verde" a ciertos proyectos nucleares o de gas, advirtiendo de que revela una actitud "más peligrosa que el puro negacionismo climático".
"Hay un tipo de actitud ante el medio ambiente tanto más peligrosa que el puro negacionismo climático: hablar mucho de transición ecológica y no actuar en absoluto según evidencia científica. Eso mismo le pasa a esta propuesta de la Comisión Europea", ha indicado Garzón en su cuenta de Twitter.
Así se ha pronunciado el ministro de Consumo tras conocerse que la Comisión Europea ha hecho circular un borrador de propuesta entre los estados miembro de la UE en la que se clasifica como "verde" la inversión en ciertos proyectos de energía nuclear o de gas natural.
La propuesta plantea dar la calificación de "verde" a los proyectos que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kw/h, según el borrador, al que ha tenido acceso la agencia de noticias 'Bloomberg'. Con esta calificación, se podrían obtener licencias de construcción hasta 2030, siempre que exista un plan para cambiar a energía renovable o de bajas emisiones antes de finales de 2035.
Así, la energía nuclear podría ser considerada "sostenible", siempre que las nuevas centrales que obtengan los permisos hasta 2045 cumplan una serie de condiciones para evitar un daño importante al medio ambiente y a los acuíferos.
Se trata del primer paso para una propuesta que la Comisión prometió presentar antes de que acabara el 202, pero que al final aplazó tras constatar en la última cumbre de líderes de la UE que es un asunto que crea tensiones entre las capitales. Así, los Estados miembro y la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles tienen hasta el 12 de enero para responder a la propuesta. En ese momento, la Comisión preparará una ley delegada que será enviada a los países y al Parlamento Europeo para su debate.