Agentes de Vigilancia Aduanera solicitaron a la juez que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, la imputación del exalcalde de Punxín (Ourense), el socialista Alfredo Cruz Gago, y del apoderado de Aquagest Casimiro G.F., por las irregularidades detectadas en torno a la actividad de la empresa de aguas en el municipio, donde pasó de realizar asistencias técnicas a gestionar el abastecimiento del servicio.
Un informe de Vigilancia Aduanera incluido en la últimas de las entregas del sumario de la Pokémon relata que el exalcalde Alfredo Cruz, regidor de Punxín desde 2007 a 2011, aceleró el procedimiento de adjudicación de la gestión del abastecimiento de agua municipal a pesar de los informes contrarios de los servicios jurídicos de la Diputación de Ourense y de la secretaria-interventora municipal.
El informe de Vigilancia Aduanera detalla que antes de ganar el concurso para la gestión del agua en Punxín, Aquagest tenía contratos de seis meses para asistencias técnicas y en 2009 "subcontrató a la empresa de calefacciones del alcalde para un trabajo por un coste superior a lo que Aquagest cobró por el suyo", pues la empresa del agua cobró 20.468 euros del Ayuntamiento de Punxín en 2009 y pagó al alcalde, a través de su empresa, 26.622.
Para los agentes, esta actuación "puede ser indicio de factura simulada para un pago encubierto" y también vinculan el proceso de concurso para adjudicar la gestión del abastecimiento a Aquagest, con el inicio de contrato de uno de los hijos de Alfredo Cruz en la misma empresa, "en la que estuvo hasta mayo de 2011, cuando su padre perdió la alcaldía".
Aquagest se hizo con la gestión del servicio de abastecimiento de agua en Punxín tras un procedimiento que contó con informes negativos recogidos por Vigilancia Aduanera, basados en que el técnico municipal que elaboró anteproyecto y pliegos carecía de cualificación para ello y en que "la gestión directa municipal hasta 2008, supuso un coste de 38.863 euros, según datos de los presupuestos municipales, y pasará a 107.144 euros con la gestión indirecta en 2010".
Los tomos con documentación de Punxín incluyen 888 folios entregados por la Comisión vecinal del agua de Punxín, en marzo y abril de 2013, y las declaraciones ante Pilar de Lara de sus representantes, en relación con la detección de agua contaminada por arsénico en las viviendas.
A raíz de su denuncia, el Seprona de Lugo realizó docenas de análisis de muestras de todas las captaciones de agua de Punxín y entrevistó y pidió documentación a Aquagest, a la Consellería de Sanidade, al Ayuntamiento de Punxín y al Ayuntamiento de Maside.
Los agentes del Seprona apreciaron posible "suministro a sabiendas" al pueblo de agua contaminada con arsénico, por parte de la empresa Aquagest, pues se constató que uno de los pozos abastecedores se contamina de arsénico natural por transferencia de un suelo rico en ese componente. El pozo fue cerrado a principios de 2011 pero abierto meses después "sin comunicárselo a las autoridades sanitarias" y sin haber solucionado el problema.
Los agentes de la Guardia Civil de Lugo también "subrayan" que, por parte de la Consellería de Sanidade, "no existe la apertura de algún expediente sancionador hacia la empresa responsable del servicio, ante las irregularidades observadas por sus inspectoras en varias actas de inspección".