Julián Peribáñez, exempleado de Método 3, ha hecho que todas las miradas apunten ahora hacia el responsable de prisiones de la Generalitat. Asegura que Xavier Martorell habría cobrado comisiones de la agencia de vigilancia cuando, allá por 2009, trabajaba como director de seguridad del Barça.
Método 3 habría realizado trabajos para el Barça de forma habitual durante 2008 y 2009
Peribáñez es también uno de los cuatro imputados por el caso de espionaje a miembros de la familia Pujol-Ferrusola. Concretamente, por espiar en una comida privada entre Alicia Sánchez-Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Ahora, este exempleado de Método 3 parece tener estar dispuesto a desvelar las prácticas detectivescas dentro de la agencia. Al parecer, la empresa realizó trabajos para el Barça de forma habitual durante los años 2008 y 2009 y, según un email filtrado, las facturas del club azulgrana debían llevar “un concepto diferente”.
Martorell habría sido el auténtico artífice de los contratos de Método 3 con el Barça y, según Julián Peribáñez, las facturas se habrían inflado en torno a un 20% de media, una cantidad extra que se repartían entre el propio Martorell y el director de la agencia, José Luis Marco, que parecía ver con buenos ojos la estafa.
La juez tiene en su poder una veintena de correos electrónicos y en al menos uno de ellos se habla de la entrega de un sobre que vincula al club azulgrana con la agencia de detectives:
- “Oye, cuando se vaya a buscar un sobre a mi nombre al barça hay que dejar otro cerrado con seis”.
- “Buff… seis para mañana es complicado. Veré qué podemos hacer”.
Por ahora, la postura de la conselleria de Interior en Cataluña se basa en defender a su responsable de prisiones. Incluso si fuera cierta la acusación, podría justificarse en que se trata de hechos que acontecieron antes de que Xavier Martorell ocupara un cargo en la Generalitat. El propio Martorell ya renunció, hace dos semanas, a su puesto en Convergéncia pero aún conserva su cargo público como director general de Servicios Penitenciarios.