Vox presentó una querella ante la sala Segunda del Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, y Dolores Delgado, anterior ministra de justicia y propuesta por Sánchez como fiscal general del Estado.

El partido de extremaderecha considera que ambos han incurrido en un delito de "tráfico de influencias" tras conocerse el informe de la Abogacía del Estado respecto a la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras.

Ahora, Vox ha ampliado su querella contra ambos para señalar la "constatación inequívoca" de que con el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado "se cierra una estrategia concertada de antemano por los querellados para obligar a la Fiscalía a apartarse de los criterios profesionales" que deben regir las actuaciones de este órgano,"igual que se hizo con la Abogacía del Estado". La Constitución Española, en su artículo 124.4, otorga al Ejecutivo el nombramiento del fiscal general del Estado.

En su escrito, los de Abascal consideran que las actuaciones de la Abogacía "se acomodan a los intereses espurios fijados por Sánchez y el Gobierno actual". Una actuación en la que, dicen, "Sánchez no habría empleado ninguna sutileza para disimularlo".

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido para examinar la idoneidad de Dolores Delgado para su designación. La ex ministra de Justicia en el anterior Gobierno de Sánchez reúne los requisitos para acceder al cargo, pero los vocales conservadores han pedido que se vote por separado de la idoneidad.